sábado, 30 de abril de 2011

Los fusilados del franquismo

Enterramiento clandestino
Luciana Bertoia.  29 Abril 2011

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos que realizó el franquismo durante la guerra y la dictadura.
Los familiares quieren una tumba en la que llorar a sus muertos o llevarles una flor en su memoria. A más de 35 años del final de la dictadura de Francisco Franco, España sigue desenterrando a los fusilados. Unas dos mil fosas comunes están diseminadas por el territorio ibérico y la mayoría de ellas siguen cerradas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos. Los familiares saben que es un pequeño avance después de décadas de postergación, pero también son conscientes de que sigue pesando sobre sus espaldas la responsabilidad de buscar, desenterrar e identificar a sus muertos.
La dictadura de Franco gobernó y moldeó a España durante 40 años. Sus consecuencias siguen haciéndose presentes, más allá de las ausencias que ocasionó. Más de 30 mil niños fueron arrancados de los brazos de sus madres republicanas para protegerlos del “gen rojo”. La mayoría de ellos, hombres y mujeres que en algunos casos superan los 70 años, siguen sin saber su verdadera identidad. La cifra total de los desaparecidos supera con creces los 100 mil. Todos ellos enterrados en cerca de unas 2000 fosas clandestinas.
Pese a la represión y al temor, los familiares nunca abandonaron su deseo y su derecho de llevar una flor al lugar donde sospechaban que estaban sus seres queridos. Desde los años ’70, algunos se pusieron una pala y un pico al hombro y hozaron la tierra para recuperar lo que es suyo. Recién en el año 2000, las inhumaciones empezaron a ser realizadas por un equipo científico, al que debieron convocar y pagar los parientes de las víctimas. Desde entonces, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estima que se encontraron poco más de 5000 restos. En 2007, algunos organismos de derechos humanos respiraron esperanzados cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Pero a tres años de su sanción, esa norma cosechó más deudas que conquistas. “El gobierno está teniendo una aplicación muy tibia y rácana de los postulados que plantea la ley”, denunció a este diario Gaspar Llamazares, vocero de Izquierda Unida en el Congreso español.
Emilio Silva, presidente de ARMH, desenterró hace diez años a su abuelo que había sido fusilado por los falangistas en 1936, cuando se inició la Guerra Civil Española. Silva criticó al Ejecutivo español por haberlos dejado solos. “El gobierno en la Ley de Memoria Histórica no quiso responsabilizarse de la búsqueda”, remarcó por teléfono desde Madrid, consultado por Página/12. A través de esa norma, las autoridades se comprometen a colaborar con los particulares en la localización e identificación de las víctimas. También se establece que el gobierno debe confeccionar un mapa que incluya los lugares donde hay enterramientos clandestinos.


Días atrás, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, informó que el mapa estaría listo para la semana que viene, aunque ese anuncio generó suspicacias dentro de las organizaciones. “Es un trocito del mapa. No es el mapa en su totalidad, es una parte que integra a las comunidades autónomas”, destacó Silva. “Estamos bastante enfadados porque nosotros lo que le pedimos al gobierno es que ayude a las familias. Pero además de no ayudarlas, va a meter esto del mapa en la contienda electoral porque lo van a hacer público el 6 de mayo, que es cuando arranca la campaña para las elecciones municipales y autonómicas”, se enojó. “El mapa es útil, pero es más útil que ayude a los familiares que tienen más de 80 años y que están esperando morirse habiendo identificado a los seres queridos a los que buscan”, completó el nieto de represaliados del franquismo.
Las familias siguen siendo las que llevan adelante la búsqueda. Si bien el gobierno dedica cerca de nueve millones de dólares para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, eso no parece ser suficiente. “En el fondo, esto es como una especie de autoservicio, en donde las familias tienen que proporcionarse autoverdad, autojusticia y autorreparación. Realmente, el gobierno español está eludiendo su responsabilidad”, subrayó el titular de la ARHM. “Consideramos que el gobierno también debe intensificar la colaboración económica con las asociaciones de memoria para que se puedan llevar a cabo estos desenterramientos y los análisis de estas fosas, que se sabe dónde se encuentran, pero falta el impulso judicial, económico y político para que se pueda actuar sobre ellas”, apuntó Llamazares.


La búsqueda se realiza sin ninguna presencia del Estado, más allá de la subvención que se les otorga a las asociaciones para que puedan contratar a un arqueólogo. El resto lo hacen los voluntarios. “Cuando aparecen los restos, nosotros lo denunciamos a los jueces. Según las leyes españolas, la aparición de restos humanos con signos de violencia requiere de la presencia inmediata de un juez. Pero nunca, salvo en tres casos, va un juez”, explicó Silva. “Son magistrados que están incumpliendo las leyes conscientemente. Nosotros vivimos en el mundo del revés. El juez que investiga es un delincuente y con el que no investiga, no pasa nada”, se lamentó.
Quien sí intentó sanar las heridas que tienen los parientes de los represaliados fue el juez Baltasar Garzón, pero el Tribunal Supremo de España entendió el año pasado que su osadía merecía ser castigada con la suspensión. Por eso, el magistrado que supo perseguir a los represores argentinos y chilenos debió migrar de su despacho en la Audiencia Nacional a la espera de que se realice el juicio por el supuesto cargo de prevaricato. “Hay una hipocresía judicial. Nadie o casi nadie ponía reparos a que la Audiencia Nacional interviniera por los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina. Pero eso mismo debería suceder con lo que es nuestra propia historia, o sea, con lo que fue la guerra civil y la dictadura franquista”, reclamó Llamazares.
Hasta que no decida la situación de Garzón, las causas vinculadas a la represión del franquismo seguirán durmiendo en un cajón. Los familiares, con las esperanzas intactas pero con sus espaldas más cansadas, volverán a tomar las palas para desenterrar a sus muertos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-167241-2011-04-29.html

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