miércoles, 22 de octubre de 2014

VI JORNADAS POR LA MEMORIA HISTÓRICA



Mesa redonda:
“¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?”




Viernes, 24 de octubre, 2014. 19,30 horas.
Residencia Universitaria “Alberto Colao” (Cartagena)

El sistema de gobierno es la manera en que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el estado. En la presente etapa de nuestra historia, cobra de nuevo fuerza la discusión sobre los sistemas monárquico o republicano.
¿Monarquía o República? Es precisa una discusión en profundidad para responder a esta pregunta.

Acerca de ello se ha invitado a debatir a representantes de las siguientes organizaciones:


Confederación Nacional del Trabajo
EQUO
Izquierda Unida – Verdes
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos
Republicanos
Socialistas por Cartagena
Unión Progreso y Democracia


Mesa redonda: Monarquía o República
Día: Martes 24
Hora: 19.30h
Lugar: Residencia Universitaria "Alberto Colao"
Cartagena

lunes, 20 de octubre de 2014

EL ROBO DE NIÑOS EN ESPAÑA: ESPERANZA DE JUSTICIA FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS


ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE CARTAGENA

CONFERENCIA: EL DRAMA DE LOS NIÑOS ROBADOS
 
Inés Madrigal

Dieciocho años tenía Inés Madrigal cuando descubrió que era adoptada, y cuarenta cuando descubrió que fue una niña robada y regalada. Entonces comenzó su lucha para encontrar a su madre biológica.Cuando comenzaron a salir a la luz pública las historias de los niños robados, y a salir los nombres de la clínica y el médico, saltaron todas las alarmas.Ella sabía por su madre adoptiva que un jesuita puso a su marido y a ella en contacto con el doctor Eduardo Vela, que les entregó a Inés diciendo que era de una mujer que no la quería.
Al indagar descubrió que toda su documentación era falsa, y desde entonces anda en busca de su madre biológica y sus posibles hermanos. Tres años más tarde consiguió la imputación del doctor Vela, algo que la mayoría de víctimas del robo de bebés ha intentado sin éxito.


Hoy Inés es presidenta de SOS BEBÉS ROBADOS REGIÓN DE MURCIA, y sabe que aún faltan muchos años para que la justicia española reconozca los casos de bebés robados como crímenes de lesa humanidad, pero ella, con miles de víctimas del presunto caso de bebés robados, continuará su lucha hasta el final.
 
Soledad Luque

Soledad Luque Delgado es la presidenta de la asociación TODOS LOS NIÑOS ROBADOS SON TAMBIÉN MIS NIÑOS y una de las portavoces de Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAqua).
La asociación nació para buscar a su mellizo, Francisco, nacido en la maternidad de O'Donnell el 25 de enero de 1965 y desaparecido el 21 de febrero de ese mismo año en ese centro médico. Ayudan con sus actividades a los propósitos de busca de otras víctimas y a movilizar a la sociedad española contra una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país.


En la actualidad, Soledad representa en la CeAqua a las nueve asociaciones de víctimas por el robo de bebés que participan en la Querella Argentina y ha presentado en Ginebra, con Amnistía Internacional y otras ONGs, sus peticiones, representando a CeAqua, ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
Ambas intervendrán, como ponentes, en la conferencia sobre el drama de los niños robados, que tendrá lugar el martes, día 21 de octubre, en la Residencia Universitaria "Alberto Colao", de Cartagena, a las 19,30 horas.


A continuación, se proyectará el documental "Haciendo memoria: Niños robados" (TeleMadrid) 
Inés Madrigal (SOS Bebes Robados) y Soledad Luque Delgado (Todos los niños robados son también mis niños)


Conferencia: El drama de los niños robados
Día: Martes 21
Hora: 19.30h
Lugar: Residencia Universitaria "Alberto Colao"
Cartagena

Al descubierto, los acuerdos comerciales de Suárez y el Rey con la dictadura argentina

Mientras una delegación española cerraba en Buenos Aires un contrato millonario, la junta asesinaba a un ciudadano español
El rey de España, don Juan Carlos. EFE/Archivo

C.G. | 20/10/2014

El Gobierno de Adolfo Suárez con el impulso decisivo del Rey Juan Carlos acordó importantes acuerdos económicos con la dictadura de Videla en 1976, cuando la junta militar argentina imponía el estado del terror, asesinaba a disidentes, y requería para seguir con sus políticas represivas que ocupaban una parte importante del presupuesto estatal, una inyección económica. La ‘ayuda, llegó desde España, según archivos secretos a los que ha tenido acceso Público.
El Rey recibió al embajador de Videla con los brazos abiertos
En mayo de 1976, dos meses después del golpe de Estado en Argentina, España le abrió la puerta. Los archivos demuestran que el Rey Juan Carlos, según asegura Público, facilitó los acuerdos. El 1 de julio de aquel año, el Rey recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. El informe reservado elaborado por el diplomático dejó constancia de los elogios del monarca de la dictadura argentina: “expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive”. Según el documento, el Monarca se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, al que el Rey prometió “la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales”.
Botín (padre) expresó sus “esperanzas” en la dictadura 
Cuatro días después de la reunión, Argentina anunció un convenio con España para retomar la venta de carne, paralizada seis años antes. El ministro Martínez de Hoz llegó a España pocas semanas después de este acuerdo, exactamente el 22 de julio de 1976. El día siguiente se reunió con el Rey y el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma.
El gobierno argentino también contactó con Emilio Botín (padre) para anunciarle que su Banco Santander recuperaría las dos filiales que le habían quitado los peronistas. En una junta general de accionistas del Santander, Botín se refirió al “futuro y perspectivas económicas en la Argentina” y sus “esperanzas fundadas de que se volverá a la prosperidad del pasado”.
Junta militar argentina (1976)

Suárez envió a Argentina una delegación
Representantes del Gobierno español viajaron en diciembre de 1976 para una reunión con la junta militar argentina. Ese día comenzaron las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, quien había sido designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura. Ambos gobiernos acordaron “poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera” por el cual España vendería a Argentina “bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales” por un valor global de 290 millones de dólares.
El Banco Exterior de España dio una línea de crédito a la junta
El Banco Exterior de España se comprometía a establecer “una línea especial de crédito” que permitiría “amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares”, y España accedía a otorgar a Argentina “un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares”.
Mientras, la junta asesinaba a un ciudadano español
Durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires desaparecieron más de 100 personas, según datos de la investigación de Público. Entre los desaparecidos, un ciudadano español que residía en Buenos Aires, Urbano López Fernández, de 28 años. Fue torturado y asesinado junto a otros cuatro jóvenes el 31 de diciembre de 1976.

FAMILIARES DE FUSILADOS SE OPONEN A LA EXHUMACIÓN DE UNA FOSA

Paco Pimentel, 70 años, lleva desde 2006 investigando, trabajando e intentando desterrar el miedo entre los vecinos de Ronda (Málaga) para recuperar los restos de su abuelo y 1.700 fusilados más en el pueblo, según ha podido documentar.

Ofrenda floral que la asociación realiza cada año en el cementerio de Ronda

lamarea.com / OLIVIA CARBALLAR / 14-10-2014
El pasado agosto, la asociación de familiares concluyó las labores de localización de fosas en el cementerio, para cuyos trabajos recibió una subvención de 6.000 euros por parte de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Ahora, este departamento acaba de iniciar los trámites administrativos para comenzar la exhumación de la primera fosa, donde se calcula que puede haber un centenar de personas como mínimo, pero Paco y los demás familiares, tras años esperando este momento, se oponen a esta intervención. Denuncian que la Administración está actuando al margen de ellos y sin su consentimiento. “No tocarán la fosa. No la tocarán sin un plan sensato que permita una exhumación completa y no una foto de políticos con un boquete abierto. No queremos que con nuestros muertos se haga política ni negocio. Tantos años esperando esto, toda una vida luchando, llorando y resulta increíble que ahora nos veamos en la tesitura de tener que oponernos”, dice rotundo Pimentel, que tiene muy presentes los paseos con su abuela en el cementerio, cuando era niño, en busca de su abuelo, Frasquito el bueno, zapatero fusilado el 14 de marzo de 1937.
La Dirección General de Memoria Democrática tiene previsto destinar a este trabajo inicial de exhumación 17.000 euros y asegura que ha ofrecido la máxima colaboración a la asociación. Fuentes del departamento dirigido por IU explican que han intentado hacerles entender que la nueva política de memoria es pública, es decir, es la Administración la que tiene que asumir las exhumaciones: “Somos la única administración pública, junto con algún ayuntamiento y diputación, que está haciendo una política de memoria de acuerdo a las recomendaciones del relator de la ONU y asumiendo un papel que corresponde al Estado. Esta asociación, que tiene todo el derecho del mundo a manifestar su desacuerdo, no asume esta política”, añaden.
Francisco Pimentel

La asociación, sin embargo, asegura que acepta y aplaude que sea el Estado el responsable, lo que no comparte es que “quieran restar protagonismo” e incluso “marginar” a las familias en un proceso que han liderado hasta el momento. “Tras las catas, pedimos una subvención en 2013 para iniciar la exhumación y nos la denegaron porque no había dinero. En una asamblea de IU nos informaron de sus intenciones y les mostramos nuestro rechazo, luego nos mandaron una carta y ahora nos enteramos por casualidad de que han publicado en el Boletín Oficial de la Junta un anuncio con el inicio de la exhumación por su cuenta y riesgo. ¿Por qué para actuar ellos sí hay dinero y para hacerlo nosotros no? Con ese dinero, además, es una chapuza lo que quieren hacer. ¿Y luego qué? ¿Y las pruebas de ADN? ¿Dónde se guardan los huesos?”, se pregunta Pimentel indignado. Las exhumaciones de fosas grandes o complicadas, generalmente, llevan años de trabajo.
La Dirección de Memoria afirma que ese dinero servirá sólo para una primera fase e insiste en que con la nueva política no concederá subvenciones a asociaciones privadas. Según explica, es la Administración, a través de un comité técnico -compuesto actualmente por el director general de memoria, un funcionario de esa dirección, dos representantes de asociaciones y un miembro de la Consejería de Justicia-, la que decide dónde intervenir según varios criterios. En primer lugar, el de urgencia. Por ejemplo, en el caso de un cementerio que vaya a ser desmantelado. Y, en segundo lugar, en función de la situación técnica del proceso. Es decir, se actuará antes en fosas donde las catas estén ya realizadas y se haya formulado la correspondiente denuncia al juzgado que en enterramientos aún sin tocar. En el caso de Ronda, la intervención fue propuesta en una reunión del comité el pasado 12 de marzo, según las actas publicadas en la página web de la Dirección.
En este conflicto, los familiares, de momento, tienen de su parte al Ayuntamiento, gobernado por PP y Partido Andalucista, que no ve nada claro conceder el permiso a la Junta sin el apoyo de los familiares. Según el consistorio, “un tema tan delicado” no puede llevarse a cabo sin ellos. De todas formas, aseguran que la Junta aún tiene que completar la documentación enviada para conceder o no la autorización. Los familiares presentarán alegaciones.
No es la única asociación que muestra su enfado ante esta nueva política de la Dirección de Memoria Democrática, que se verá refrendada en la ley de memoria que está preparando. Tras la publicación del anteproyecto, varios colectivos memorialistas denunciaron que la Administración se arroga la potestad de las exhumaciones pero apartándolos y, lo que ven mucho más grave, incluso pueden ser sancionados si deciden asumir la exhumación ellos mismos, de forma privada, como ha ocurrido en muchos casos hasta ahora, entre otras razones, porque la Administración en general o no ha tenido dinero o sencillamente no los ha escuchado.

Lanjarón resucita al Generalísimo

La represión franquista se ensañó con el último alcalde republicano de Lanjarón (Granada) y su familia. Francisco Gálvez Peralta y su hijo mayor fueron fusilados frente a la tapia del cementerio municipal de Granada en los días posteriores a la sublevación de julio de 1936


El dictador Francisco Franco bajo palio.El dictador Francisco Franco bajo palio.





andaluces.es 19Oct 2014

Su mujer, Blanca Lozano, fue encarcelada y fusilada meses después. También fue asesinado el segundo hijo del matrimonio, apuñalado en la calle a la luz del día por fascistas del pueblo. El teniente de alcalde del municipio, Manuel López López, fue ejecutado en agosto de 1936 junto a dos de sus siete hijos en el barranco del Carrizal. Los sepultaron en cal viva. Días después asesinarían al tercer hijo. Al cuarto, lo ejecutaron en la tapia del cementerio de Granada en 1945.
Unas 200 personas de Lanjarón fueron fusiladas por los franquistas durante la Guerra Civil. Las muertes, en su mayoría, no fueron inscritas.Los  investigadores han identificado a 129 personas, aunque el número de víctimas de la represión fue superior. Finalizada la guerra, siguieron las detenciones, comenzaron los procesos sumarísimos, la incautación de bienes… Este pueblo de la Alpujarra granadina sufrió como otros muchos el siniestro periodo  de la represión franquista, pero el Ayuntamiento de Lanjarón, gobernado ahora por el PP, parece haber hecho borrón. Una reciente publicación, editada por la concejalía de Turismo, omite lo sucedido en el pueblo durante la Guerra Civil,oculta la represión del régimen franquista y hasta resucita el sobrenombre de Generalísimo.
“NO HUBO UNA GRAN DEVASTACIÓN”
“Durante la Guerra Civil no se produjo gran devastación en Lanjarón aunque sí se alteró la vida del pueblo”, dice literalmente la revista en un apartado que titula “Historia del siglo XX”. Nada de detenciones, nada de encarcelaciones, nada de ejecuciones. Su peculiar relectura de la historia del pueblo, en la que banaliza la Guerra Civil y la dictadura, recuerda a los NODOS de la propaganda franquista que ahora repone La 2 de TVE. La represión franquista no sólo se ensañó con los republicanos del municipio. El pueblo fue objetivo de bombardeos militares de las tropas franquistas, pero eso, según la revista municipal, parece que tampoco existió.
Para más inri, la publicación, que se presenta como un “magazine internacional” traducido en cuatro idiomas, dedica un generoso párrafo a los “visitantes ilustres” del municipio y da el mismo trato al “Generalísimo Franco”, engrandeciendo la figura del dictador, que al poeta Federico García Lorca. Coloca así al mismo nivel al verdugo y a la víctima en unas líneas en las que afirma que “la época de mayor esplendor del pueblo” fue desde finales del siglo XIX hasta la década de los 70 del siglo XX, cuando en el municipio “se congregaban miembros de la nobleza, artistas e intelectuales”. Y entre paréntesis, para asombro de cualquier historiador, destaca entre esos “miembros de la nobleza, artistas e intelectuales”, por este orden, a “Eugenia de Montijo, Alfonso XIII, María Luisa Fernanda de Borbón, Federico García Lorca, Pedro Antonio de Alarcón, Gerald Brenan, Julio Romero de Torres, el Generalísimo Franco, Generales del Ejército, Manuel Fraga, Felipe González, catedráticos…” (sic). Un tótum revolútum financiado con fondos públicos que encierra una perversa manipulación de la historia.
FRANCO PASÓ DE LARGO
Dice la revista que todos nobles, artistas e intelectuales visitaron Lanjarón para disfrutar de sus aguas termales. Y en efecto, las aguas termales de Lanjarón fueron en otra época un atractivo para veraneantes, pero hasta donde saben los lugareños, Franco pasó por Lanjarón de largo, de camino hacia Órgiva. No se bajó del coche ni visitó el pueblo ni mucho menos pasó temporadas en el balneario, pero la publicación municipal lo coloca entre los “ilustres” agüistas y exalta la figura del dictador utilizando el sobrenombre del “Generalísimo”, como en la dictadura.
Lanjarón es más conocido hoy por el agua embotellada que lleva el nombre del pueblo y que está en manos de una multinacional que por su balneario. Pero también es conocido por las ocurrencias de su alcalde, Eric Escobedo (PP). El pasado año, el regidor saltó a las páginas de la prensa nacional por colgar en  su Facebook una imagen del escudo franquista con el lema del Movimiento, imagen que tuvo que retirar tras las críticas que recibió por hacer apología del franquismo.

Extremadura hace memoria (histórica) para ganar el voto de mujeres mayores

Los expertos califican de electoralista la ayuda de 300 euros prometida por el presidente autonómico Monago a mujeres que vivieron la guerra: "Trata por igual a quienes sufrieron la represión y a las millonarias franquistas". La Junta anunció la medida hace más de un mes pero aún no ha revelado los detalles

Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ / J. MARCOS 19/10/2014

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago.- EFE


"Vamos a reconocer una ayuda permanente de 300 euros anuales a todas las mujeres extremeñas que vivieron la guerra y la posguerra, y que con su esfuerzo y sacrificio hicieron posible la democracia y la Extremadura de hoy". El presidente autonómico José Antonio Monago volvió a copar portadas e informativos tras su discurso durante el día de la región con una promesa sorprendente, pero de la que desde entonces nada más ha trascendido.
Ha pasado más de un mes del anuncio y desde la Junta de Extremadura se limitan a explicar a Público que "próximamente habrá una convocatoria pública en la que la consejera de Empleo, Mujer y Política Social explicará todos los detalles". Hasta ahora se sabe que lo recibirán las mujeres a partir de 75 años (no las que vayan cumpliendo la edad en el futuro, sino las actuales) y que se trata de "una cuestión de dignidad, justicia y memoria histórica", según justificó Monago aquel día. El ingreso se abonará bien de forma directa o bien mediante deducción en el tramo autonómico del IRPF.
Más allá del silencio institucional, voces autorizadas en la materia califican de "incomprensible" la propuesta. "Parece una medida indiscriminada, que trata por igual a quienes sufrieron la represión y a las millonarias franquistas", apunta Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, quien habla de "cosmética y electoralismo". Las mismas dudas le surgen al historiador extremeño Francisco Espinosa, que se pregunta quiénes son las personas afectadas: "No sé si se lo darán a las de derechas y a las de izquierda.... ¿Y cuánto dinero sería al mes? Parece un golpe de efecto de Monago".
Víctor Casco (IU): "Dar dinero a los pensionistas es una medida electoralista" 
El presidente extremeño aseguró ante las 2.000 personas que participaron en los actos institucionales por el Día de Extremadura que no es una medida simbólica y que llegará a las 35.000 extremeñas, la gran mayoría de las cuales no pudo cotizar pues su inversión fue la familia. "No se entiende el fondo de la cuestión. No es el camino para dignificar a quienes lo pasaron mal", sostiene Espinosa, especialista en la Guerra Civil y en la represión franquista.
Desde Izquierda Unida, partido que suele apoyar con sus votos en la Asamblea regional las leyes del Gobierno extremeño para que salgan adelante, tampoco manejan información al respecto. "Medidas estrella" o "populismo" son los términos con los que Víctor Casco, diputado de esta formación, utiliza para calificar el anuncio. "Dar dinero a los pensionistas es una medida electoralista. En Extremadura hay muchas personas mayores y busca contentar a un sector de la población muy perjudicado con la crisis", añade. ¿Nicho de votos? "Lo habrán visto", responde. Tampoco está de acuerdo con que la ayuda de 300 euros tenga relación con la memoria histórica.

Los nombres franquistas persisten

A pesar de la falta de concreción de la Junta de Extremadura, pocos dudan de que esta subvención no es la forma adecuada de luchar por la memoria histórica y por la dignidad y la justicia de aquellas personas que padecieron la guerra y la dictadura. "En Extremadura se vivió una represión tremenda y hay lugares de memoria que no han sido reconocidos", apunta Silva. Los expertos consultados también hacen referencia a símbolos franquistas que aún permanecen en la región, como el pueblo pacense Guadiana del Caudillo o la nomenclatura de varias calles en algunos municipios: a pesar de tener hace años otro nombre aún se puede ver, por ejemplo, una placa con Avenida del Generalísimo en Navalmoral de la Mata.
"Si este Gobierno estuviera realmente preocupado por la represión haría un verdadero mapa de fosas, aprovechando que aún hay gente viva que puede ayudar", enfatiza Francisco Espinosa. Según la documentación de la web del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, en la comunidad se han investigado 53 fosas comunes. Otras fuentes, como un mapa de fosas que se creó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, registran 46 casos.
Emilio Silva: "La represión en  Extremadura fue tremenda y hay lugares de memoria que no han sido reconocidos"
De cualquier modo, estos proyectos están paralizados ante la falta de fondos públicos. Sin olvidar que estas fuentes ofrecen datos incompletos. Por ejemplo, como confirma Silva, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha participado en la apertura de alguna fosa en la provincia de Cáceres que el Gobierno extremeño tenía paralizada y que no aparece en los registros del proyecto regional.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidasinstó el año pasado al Estado español a que, a más tardar el 15 de noviembre de 2014, facilite información sobre la implementación de las recomendaciones realizadas, entre ellas, la adopción de "todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas", según recoge un informe del Comité contra la Desaparición Forzada, fechado el pasado mes de diciembre.
"Fueron una generación de mujeres que nacieron, crecieron y superaron la guerra y la posguerra. Una época en la que todas las puertas para las mujeres estaban por abrir, sobre todo en una Exremadura rural en la que no se reconocía su trabajo". Las palabras del regidor conservador José Antonio Monago aguardan concreción desde que aquel domingo 7 de septiembre asaltaran los titulares. Cuestión, dijo, de dignidad, justicia y memoria histórica. Todavía falta saber en qué sentido.

sábado, 18 de octubre de 2014

Garzón pide a Rajoy que cumpla las resoluciones de la ONU sobre las víctimas del franquismo

El magistrado critica que España esté sentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al tiempo que elimina "cualquier posibilidad de ayuda presupuestaria a todo lo relacionado con la memoria histórica".

EUROPA PRESS Madrid 18/10/2014

Baltasar Garzón en una foto de archivo.

Baltasar Garzón en una foto de archivo.- EFE

Un numeroso grupo de juristas, encabezados por Baltasar Garzón, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las instituciones del Estado y a la justicia el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional sobre derechos humanos para con las víctimas de los crímenes del franquismo. 
Garzón ha criticado que el Gobierno "ha desoído olímpicamente estas recomendaciones yhace notar que no las va a cumplir y, sin embargo, ha conseguido estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin hacer mucho por la cooperación y eliminando cualquier posibilidad de ayuda presupuestaria a todo lo relacionado con la memoria histórica". Durante el primer acto de la campaña puesta en marcha por la Plataforma por la Comisión de la Verdad para movilizar a la opinión pública, a las instituciones y a los ciudadanos para que España cumpla con las víctimas, Garzón ha resaltado "la necesidad de una comisión no como una concesión sino como un derecho de las víctimas y de la sociedad española en general".
"Somos el país europeo que más resoluciones de la ONU incumple", asegura el juez
Asimismo, el magistrado ha recalcado que "España es el único país de su entorno que se niega a reflexionar sobre tema tan actual como es la violación de derechos de las víctimas y así lo ha hecho notar Naciones Unidas con instituciones como el Comité de Desapariciones Forzadas y los informes del relator de verdad, justicia, y reparación". Garzón ha asegurado no saber "hasta qué punto las recomendaciones no son vinculantes" cuando España forma parte del organismo de Naciones Unidas". "Presumimos de que somos el sexto país contribuyente en la ONU y gastamos un millón de euros para conseguir entrar en su Consejo de Seguridad y simultáneamente somos el país europeo que más resoluciones incumple y nos olvidamos de las víctimas del franquismo", ha dicho.
Para el magistrado, una de las acciones más "deleznables" que puede haber en una democracia es "dejar desamparadas a las víctimas a la vez que se les llena la boca de proteger a todo tipo de víctimas salvo las del franquismo", ya que "se está categorizando en victimas de primera, de segunda y aquellas que incluso no son reconocidas como tal".

Definición y medios

Por ello, ha pedido al Gobierno y al resto de partidos políticos que "se definan claramente ydejen de decir palabras acomodaticias según la cámara que esté delante y que se comprometan definitivamente en favor de las víctimas del franquismo". A su juicio, lo más urgente es "reactivar todo el apoyo económico para continuar todas las labores de reparación y continuar luego con las garantías de no repetición como sería el desarrollo de la comisión de la verdad". Además, ha insistido en que "la justicia tome en cuenta, partiendo de la doctrina del Tribunal Supremo y de la ONU, la obligación de atender a las víctimas". Sin embargo, Garzón ha señalado que, salvo en casos excepcionales, "los jueces se niegan a concurrir a las exhumaciones", y ha citado como ejemplo un caso en el que la Audiencia Provincial de Valencia, y el Ayuntamiento de la localidad "le siguen exigiendo a una familia 24.000 euros para hacer frente a la exhumación de un familiar asesinado en el franquismo", en una actitud que le parece "vergonzosa".
Por último, ha matizado que tras el informe del relator de la ONU, la Memoria Histórica podría "empezar a tener alguna relevancia" en las directrices internacionales, pero "falta un compromiso claro y definitivo en defensa de las victimas que bastaría con interpretar las normas de acuerdo con los dictados internacionales sobre verdad, justicia y reparación".