viernes, 19 de diciembre de 2014

El PP rechaza sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

PNV, CiU e Izquierda Plural afean al PSOE no haber actuado durante sus gobiernos

Valle de los Caídos

Público, 17.12.2014 18 diciembre 2014
ALEJANDRO TORRÚS @atorrus
La mayoría absoluta del partido de Mariano Rajoy tumba la propuesta del PSOE, enmendada por Izquierda Plural, de “resignificar” y “reconvertir” el actual mausoleo del dictador, tal y como propuso la ONU, la Ley de Memoria Histórica y la comisión de expertos de Zapatero
La tumba del dictador Francisco Franco seguirá presidiendo el Valle de los Caídos. El Partido Popular ha rechazado este miércoles en la sala del Congreso de los Diputados Fraga Iribarne la propuesta del Partido Socialista de “reconvertir” y “resignificar” el monumento ideado por la dictadura para homenajear a los caídos de la “gloriosa cruzada”. El partido conservador ha alegado que el Valle de los Caídos es un “lugar pacífico, concebido como lugar de encuentro para todos los caídos en la Guerra Civil”.
“El valle de los Caídos es una iglesia y un cementerio. Es un recinto sin significación política. Dejen descansar a los muertos. Dejen cicatrizar las heridas que tuvieron abiertas dos generaciones de españoles”, ha argumentado la diputada conservadora Rocío López para defender la soledad del Partido Popular, una vez más, en este tema. Asimismo, López también ha señalado que realizar un censo de las 33.847 personas cuyos restos mortales se encuentran en el monumento sería contrario “al derecho a la intimidad y de protección al honor”.
El debate sobre el Valle de los Caídos ha llegado al Congreso de la mano del diputado socialista Odón Elorza, que presentó una Proposición No de Ley, que tras repasar la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, las recomendaciones de la ONU a España en esta materia y el dictamen del comité de expertos creado por el último ejecutivo socialista, instaba al Gobierno a “promover las actuaciones que sean necesarias para proceder a su reconversión y resignificación”.
El PP considera que el Valle de los Caídos no tiene connotaciones ideológicas
Elorza ha defendido que ante un monumento como el Valle de los Caídos sólo caben tres actitudes. Por una parte, la inmovilista, que prefiere dejar todo tal y como está ahora. Por otra, una actitud de regeneración democrática que apuesta por “resignificar el Valle” y, por último, una tercera actitud que abogaría por “dinamitarlo” y borrarlo de la faz de la tierra.
“Hemos intentado negociar con el Partido Popular para buscar un acuerdo respecto al Valle de los Caídos. A pesar de nuestro esfuerzo, ha sido imposiblle y este espacio seguirá siendo después del día de hoy contrario a la dignidad democrática. Un dictador no puede ocupar una posición de privilegio como la que está ocupando en estos momentos”, ha denunciado Elorza.
Propuesta enmendada
La propuesta socialista ha sido enmendada por la portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, que ha incluido en la PNL la exigencia al Gobierno de exhumar los restos de mortales de Franco y Primo de Rivera, la creación de un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura y la elaboración de un procedimiento mediante el cual las familias puedan recuperar a sus allegados enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento.
No obstante, y a pesar de que toda la oposición al completo ha apoyado la propuesta del diputado socialista con la enmienda de Izquierda Plural, la oposición también ha aprovechado la oportunidad para criticar con dureza al PSOE por no haber llevado a cabo estas “resignificación” cuando estaba en el Gobierno.
La crítica más dura para el Partido Socialista la ha lanzado Joan Tardà, de ERC y portavoz del Grupo Mixto, que ha recordado a Elorza que su partido se mostró contrario a incluir en la Ley de Memoria Histórica enmiendas que recogían un contenido muy similar a la PNL que hoy presentaba el grupo parlamentario socialista. Así, Tardà también ha criticado al PSOE por no haber dejado escrito un decreto ministerial para que las conclusiones del comité de expertos creado por Zapatero fueran ejecutadas aunque el PSOE ya no estuviera en el poder.
“Seguiremos arrastrando el problema hasta la próxima legislatura. Quizá entonces tengamos una nueva mayoría y valdrá la pena lo que hoy decimos aquí. (…) Abogamos por la museización del Valle de los Caídos, así como de otros espacios que son símbolo de la represión franquista”, ha defendido Joan Tardà.
Y a Carlos V también
Los grupos del PNV y de CiU también han apoyado la PNL del grupo socialista, con la enmienda de la Izquierda Plural, y sus portavoces han querido resaltar el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica durante esta legislatura por parte del Gobierno y “la ignominia” que supone que el dictador Franco siga ocupando una posición privilegiada en el Valle de los Caídos.
Concretamente, el portavoz del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha denunciado que continúan habiendo numerosas placas, calles y plazas con el nombre de generales franquistas y destacados miembros de la dictaduras y ha instado al Gobierno a cumplir con la Ley de Memoria y a retirarlos. Especialmente curioso ha sido la reacción de un sector de la bancada conservadora, que ha ironizado sobre si deberían también retirar las placas dedicadas al General Prim o a Carlos V.
33.847 personas enterradas
Tras el debate de este miércoles, todo seguirá igual en el Valle de los Caídas. Las tumbas de Franco y de Primo de Rivera seguirán presidiendo la enorme basílica y el enorme complejo monumental no incluirá ningún elemento pedagógico que explique al visitante que el monumento fue construido por presos republicanos tras la Guerra Civil y que entre sus muros están los restos mortales de 33.847 personas, 12.000 de ellas sin identificar.

La Lucha Contra el Olvido y la Impunidad

Juicio en España contra los Crímenes de Guerra de la Aviación Italiana durante la guerra


fascistas en españa

 Pascual Aguilar Pérez. ElAgitador, 17 diciembre 2014
En la Guerra Civil Española se experimentaron nuevos métodos bélicos. Entre ellos, la aviación adquirió un protagonismo decisivo. Una forma de utilizar la fuerza aérea consistió en el bombardeo indiscriminado y sistemático sobre la población civil. Así se convirtió la retaguardia en frente de guerra y se vulneraron todos los tratados y convenios internacionales que se firmaron al finalizar la Primera Guerra Mundial. Giulio Douhet, general italiano, fue uno de los primeros en teorizar sobre la participación de la aviación en los conflictos bélicos. En 1929, Douhet escribe: «El objetivo de la lucha bélica ha cambiado: ya no es la fuerza del adversario, es la resistencia moral de la nación enemiga […] Sobre ésta caerán los golpes más formidables […] se desencadenará una carrera espantosa hacia la masacre».
A finales de julio de 1936 Franco ya contaba con el apoyo del fascismo europeo, que fue determinante para conseguir la victoria. En la guerra aérea Mussolini contribuyó con la Aviazione Legionaria y 764 aviones. Hitler aportó los militares que formaban parte de la Legión Cóndor y 277 aviones. El conflicto español también sirvió como campo de pruebas para las aviaciones italiana y alemana, que estaban desarrollando armamento y tecnología aplicados a la eficacia destructiva [1]
La ciudad de Barcelona fue una de las más castigadas por los bombardeos de la Aviazione Legionaria. Mussolini fue responsable directo de los momentos más álgidos del hostigamiento durante los días 16, 17 y 18 del mes de marzo de 1938, en los que murieron más de mil personas.[2] La brutalidad de los bombardeos de saturación tuvo tanto eco internacional que Franco, después de treinta y seis horas de ataques ininterrumpidos, envió a Roma dos telegramas ordenando parar la acción inmediatamente.
Hasta ahora las iniciativas políticas emprendidas en el parlamento catalán y en el italiano para que Italia pida perdón han fracasado. Italia, al contrario que Alemania, se ha negado siempre a asumir cualquier responsabilidad institucional derivada de la intervención fascista.
Setenta años después de los hechos, en 2009, se fundó en Barcelona la asociación AltraItàlia, que agrupó a ciudadanos de origen italiano residentes en la ciudad. Gentes que provenían de un amplio espectro de la izquierda y compartían un sentimiento común de vergüenza e indignación por la banalización de la política que han generado los gobiernos de Berlusconi. AltraItàlia criticaba la oleada de revisionismo histórico que sufre la sociedad italiana y defendía la necesidad del recuerdo y la reparación a las víctimas del fascismo. La Asociación se propuso llevar a cabo una acción judicial contra el estado italiano como respuesta al negacionismo, a la falta de excusas y compensaciones y a las anomalías que plantea la realidad española en torno a la memoria histórica.[3] Se consideró a Italia responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad al bombardear Barcelona entre el 13 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939.
Los procedimientos judiciales establecen que las querellas deben interponerse contra personas concretas, en este caso los aviadores italianos supervivientes. Los demandantes han de ser víctimas de la acción de los denunciados. Los miembros de AltraItàlia iniciaron contactos para encontrar personas que estuvieran dispuestas a denunciar los hechos, contando con el apoyo jurídico y la personación en la causa de la Asociación. Dos vecinos del popular barrio marítimo de la Barceloneta, duramente castigado por la Aviazione Legionaria, interpusieron las denuncias.
Al formalizar la acusación AltraItàlia declaraba que: «Entendemos la denuncia dentro de un contexto de derecho europeo y de construcción de las memorias compartidas, pero pensamos que la reconstrucción de estas memorias no es posible sin un claro y abierto reconocimiento de las culpas, que en este caso son particularmente graves». La Asociación exigía una indemnización simbólica que comporte un acto oficial de disculpa. También proponía, en el hipotético caso de que el estado italiano fuera condenado y obligado a reparar económicamente a las víctimas, crear un fondo para la construcción y mantenimiento en Barcelona de alguna infraestructura formativa o sanitaria.
La denuncia se presentó ante la Audiencia Nacional el 2 de junio de 2011 y, aunque se admitió a trámite, el tribunal se declaró incompetente por razones de ámbito territorial. Esta decisión dejaba en suspenso el inicio de las acciones judiciales hasta que el pasado 23 de enero de 2013 la sección X de la Audiencia Provincial de Barcelona se hizo cargo de la querella e inició el procedimiento judicial[4]. La decisión fue histórica ya que por primera vez se abría un juicio en España sobre crímenes de guerra perpetrados por el bando franquista durante la Guerra Civil.
Esta situación era posible porque los miembros de la Aviazione Legionaria, cuerpo expedicionario de un país tercero que no había declarado la guerra a la República, no quedan protegidos por la vergonzosa Ley de Amnistía de 1977. Ley de punto final blindada por las posteriores leyes de Memoria Histórica que garantizan la impunidad a los criminales franquistas.
A pesar de la falta absoluta de colaboración en esta iniciativa por parte de instituciones y partidos políticos, fieles también en esta ocasión al «pacto del Olvido», que ha marcado la mal llamada transición española, la interlocutoria de la sección X de la Audiencia Provincial recordaba a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de actuar como parte activa en el proceso. Implícitamente se recordaba a estas instituciones que su papel es el de acompañar y apoyar a las víctimas de los hechos, tal y como ha sucedido numerosas veces en Italia en los juicios contra los crímenes cometidos por el ocupante nazi al final de la Segunda Guerra Mundial.
Una de las consecuencias concretas de la decisión judicial es que se abre la vía para que otras poblaciones afectadas por los bombardeos emprendan acciones legales y se personen en el proceso. La acusación difunde esta posibilidad en Cataluña y en otros territorios devastados por la Aviazione Legionaria, como en la villa bajo aragonesa de Alcorisa.
Respecto a los aviadores que están vivos, y podrían ser encausados por delitos imprescriptibles de lesa humanidad, se tiene noticia de la existencia de como mínimo cuatro miembros de la Aviazione Legionaria que intervinieron en la guerra de España. Una dificultad añadida para la identificación de los responsables concretos de los bombardeos es que, como forma de protección, las tripulaciones entraban en España con identidad falsa.
La primera reacción del estado italiano respecto a la denuncia fue una declaración de colaboración fiel con la justicia española. En julio de 2013 el Ministerio de Defensa  italiano respondió a la primera comisión rogatoria internacional que le demandaba las filiaciones y el paradero de los miembros de la Aviazione Legionaria con base en Mallorca. Así se facilitó a la magistrada titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, Olalla Ortega, un listado incompleto de oficiales de alta graduación de la Aviazione Legionaria que habían fallecido. Jaume Assens, uno de los abogados de los denunciantes declaraba, «el Ministerio de Defensa sólo se ha limitado a constatar la veracidad de los datos de cuatro querellados identificados plenamente por la acusación».
Pese al requerimiento de la juez, el estado italiano no ha aportado más información de todos los supuestos participantes en los bombardeos. La democrática república italiana, como responsable civil subsidiaria de los hechos juzgados, es consciente de que la dilación en el tiempo es su mayor aliado para que se declare el archivo de la causa. De esta forma el estado italiano incumple los tratados jurídicos bilaterales, europeos e internacionales que le obligan a la colaboración judicial.
Italia no se plantea realizar ningún acto simbólico de desagravio, ni mucho menos negociar una reparación económica, a pesar de que la guerra de 1936-1939 fue una buena operación para sus arcas: Franco saldó religiosamente la deuda de guerra mediante pagos que se alargaron hasta la década de los sesenta.
Desde marzo de 2013 la juez busca sin éxito a los autores de los bombardeos. La obstaculización a la justicia se ha evidenciado durante la primavera pasada, cuando en los medios de comunicación aparecía la noticia de que en el mes de marzo se había condecorado al ex aviador Luigi Gnecchi al cumplir los 100 años. La ministra de defensa italiana, Roberta Pinotti, felicitaba de manera elogiosa al piloto, que había hecho méritos por acciones de bombardeo entre 1935 y 1943. En la fotografía publicada del anciano Gnecchi se le veía lucir con orgullo, entre otras, la primera medalla al valor por su participación en la Guerra Civil Española.
A partir de esta noticia la juez Ortega tramitó la solicitud para crear una nueva comisión rogatoria a la justicia italiana y poder desplazarse e interrogar a Gnechi. Hasta el momento las demandas de la juez no han tenido respuesta a pesar de las gestiones que se están realizando amparadas en organismos de coordinación judicial de la Unión Europea.
La demora ha provocado que los querellantes, asesorados por el historiador Xavier Domènech, planteen otra forma de identificar a los militares implicados. Los imputados fueron laureados por el gobierno español, gesto que implicaba el cobro de una pensión de guerra desde 1938 a 1943. Se sospecha que algunas distinciones comportaban la percepción de una asignación vitalicia, por lo que se ha solicitado a la magistrada que requiera los datos de los pensionistas de la Aviazione Legionaria al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español. Según Domènech, «esta información no es secreta, sólo hace falta voluntad política para hacerla pública y accesible.»

La vergüenza de Madrid: cinco militares sublevados en 1936 tienen sus nombres en el callejero

También está en una calle Carlos Maurrás y, en otra, la calle de la División Azul


Caudillo-Plaza_B
Enric Sopena. El Plural, 11/12/2014
En Aravaca, el Ayuntamiento -que esta en manos del PP- ha ordenado dar el nombre de un alcalde franquista, llamado Cirilo Martin Martin, a una plaza de la localidad. Una vez más, el fantasma del régimen de los cuarenta y tantos años de represión violenta, reaparece a través del Partido Popular.
Rojo fusilado
La obstrucción total a la investigación judicial, en torno a los crímenes del denominado Caudillo,  significó la expulsión como juez de Baltasar Garzón. Este Martín Martin declaró, tras el golpe de Estado y ante falangistas y guardías civiles, que el alcalde republicano y militante socialista de Aravaca era, según el alcalde franquista, un tipo peligroso, rojo y contrario Así y dicho y hecho, lo fusilaron.
El Antiguo Régimen
Cada dos por tres, los populares tratan de defender al Antiguo Régimen y, sobre todo, al general Franco. No quieren ni oír nada negativo en relación con el Generalísimo. En un ramillete de  calles madrileñas, en el barrio de Tetuán, puede verse como los generales de Franco tienen el honor de mantener sus nombres en calles madrileñas. Son los siguientes: General Orgaz, general Yagüe, general Valera, capitán Haya y general Moscardó.
De nombre infame
Cerca también del estadio Bernabeu, hay otra calle de nombre infame: Carlos Maurras, escritor y activista de la extrema derecha francesa, defensor férreo de Franco. El alcalde entonces de Madrid, conde de Mayalde, le otorgó un año después de la muerte de Maurras, año 1953, el nombre suyo en la citada calle madrileña. El conde de Mayalde, gracias a los nazis, condujo al presidente de la Generalitat, Lluis Companys, a Montjuïc, donde un falso juicio militar le condenó a ser fusilado. ¿Empieza a entenderse por qué el PP continúa siempre a respetando la figura del dictador?
Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM
En Twitter es @enricsopena

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Noruega recolecta más fondos para que la ARMH siga exhumando fosas

La recuperación de los restos de Arsenio Macías, para finales de enero.

René Pacheco, de la ARMH, con los restos de Claudio Macías, en la bodega de Villalibre. - l. de la mata

Diario de León / C. FIDALGO / 08-12-2014
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) está encontrado en Noruega lo que echa en falta en España; fondos para financiar la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior. Y es que el sindicato del sector de la electricidad Elogit, que este año ya ha aportado 6.000 euros a la ARMH, está tan concienciado con la búsqueda de los desaparecidos de la contienda española que ha iniciado una colecta entre sus afiliados para donar una nueva cantidad, según informaba ayer el vicepresidente de la asociación nacida en el Bierzo, Marco González. Una delegación del sindicato nórdico, que cuenta con 15.000 afiliados, prepara además un viaje para conocer, entre el 19 y el 25 de enero, el laboratorio de la ARMH en Ponferrada. La asociación espera haber dado para entonces con la ubicación de la fosa en la curva de Villalibre donde yacen los restos de Arsenio Macías, el adolescente de 16 años que murió asesinado por un grupo de falangistas por no delatar a su hermano, ex combatiente republicano que se escondía en la bodega familiar en el pueblo.
«Vamos a seguir haciendo catas sobre el terreno para dar con la fosa y si la encontramos, la dejamos marcada para que el sindicato asista a la exhumación», explicaba ayer González.
La ARMH, que en principio tenía previsto emprender estos días la búsqueda y la exhumación del menor de los Macías, una vez obtenido el permiso del Ministerio de Fomento para trabajar en la cuneta de la N-536, ya había decidido posponer varios días la recuperación del cuerpo ante los problemas para localizar a todos los propietarios de los terrenos donde podría hallarse la fosa —una decena de fincas de dueños distintos— y sus herederos.
La ARMH, que ya exhumó en octubre la tumba de Claudio Macías, que él mismo cavó en su bodega cuando se sintió gravemente enfermo después de que los falangistas que le buscaban se llevaran a su hermano pequeño, no descarta además que durante la búsqueda de Arsenio Macías puedan aparecer otras fosas de la represión franquista.
Fosa de Murias de Rao
Por otra parte, la ARMH también ha aplazado sin fecha la exhumación de los restos del guerrillero berciano Salvador Voces Canóniga, de los hermanos Pitaciegas, y enterrado en una fosa anónima en el cementerio de Murias de Rao (Lugo), para obtener nuevos permisos.

El PP rechaza en el Senado reparar a las víctimas del franquismo

Según el senador popular Alejandro Muñoz Alonso, la moción podría haberse consensuado en su estado original, pero la incorporación de las enmiendas del PSOE, Entesa y CiU han "imposibilitado el acuerdo"

Pleno Senado

EFE Madrid 10/12/2014

El PP ha rechazado hoy en el Senado una moción del grupo vasco para la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, de acuerdo con las recomendaciones del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff.
La moción ha contado con el apoyo de lamayoría de la oposición, cuyas enmiendas han sido aceptadas por el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, "con el ánimo de lograr el máximo consenso entre todos los grupos parlamentarios", lo que finalmente no ha conseguido al negarse el PP a apoyar el texto definitivo.
Según ha explicado el senador popular Alejandro Muñoz Alonso, la moción podría haberse consensuado en su estado original, pero la incorporación de las enmiendas del PSOE, Entesa y CiU han imposibilitado el acuerdo. La iniciativa del PNV instaba al Gobierno a cumplir las recomendaciones del informe del relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
El informe, presentado en septiembre, critica que el Estado no haya resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Para atender esas recomendaciones, la moción del PNV pedía también la investigación de los crímenes, la búsqueda de las personas desaparecidas, dotación presupuestaria para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, la elaboración de un censo de símbolos franquistas y la apertura de los archivos de las cárceles
A estas demandas, se han añadido otras del PSOE y la Entesa que instaban al Gobierno a aplicar las recomendaciones aprobadas por unanimidad por la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos.
Esta comisión fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica y en su informe final propuso 16 recomendaciones, entre ellas el traslado de los restos del general Francisco Franco.
"Hay que romper con cualquier exaltación de la dictadura y del franquismo", ha afirmado el senador de la Entesa Joan Saura, quien ha recalcado que no se trata de un debate entre izquierda y derecha, sino entre "democracia sí o democracia no".
Mantener monumentos como el Valle de los Caídos supone que haya "víctimas de primera y de segunda"
El socialista Francesc Antich ha señalado que mantener monumentos como el Valle de los Caídos supone que haya "víctimas de primera y de segunda" y ha rechazado la crisis económica como argumento para no aplicar la Ley de Memoria Histórica.
Jesús Enrique Iglesias, de IU, ha afirmado que la democracia tiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo, mientras que María Rieradevall, de CiU, ha dicho que "hay que saber lo que ocurrió" y "no dejar solas a las víctimas".
Tras recalcar que el informe del relator de Naciones Unidas no es de obligado cumplimiento, el senador del PP Muñoz Alonso ha reconocido que en España "no ha habido comisión de la verdad"; "ni falta que nos hace", ha recalcado, al tiempo que ha dicho que no tiene sentido elaborar un censo de símbolos franquistas.
Sobre el Valle de los Caídos, ha rechazado acometer ninguna acción mientras no haya unanimidad.

Cipriano Martos, un crimen del franquismo que resurge del olvido

Murió tras ser obligado a beber ácido en el cuartel de la Guardia Civil de Reus


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Antonio Martos hermano de Cipriano
Diario de Tarragona, 07/12/2014
Raúl Cosano |
Fue detenido en 1973 por difundir propaganda contra el régimen. Murió tras ser obligado a beber ácido en el cuartel de la Guardia Civil de Reus. Tenía 28 años, era encofrador y comunista
Ni siquiera el doctor Eduard Prats Alonso, una eminencia médica en Reus, recuerda ahora haber atendido en el Hospital Sant Joan a Cipriano Martos Jiménez por las heridas que le provocó el ácido que le obligaron a ingerir en la casa cuartel de la Guardia Civil. «Pacientes así habré atendido a cuatro o cinco pero no puedo aportar nada más. Yo le debí atender, sí, pero la visión del profesional hace abstracción del hecho político. Tienes un paciente que ha ingerido eso y le prestas la atención necesaria, sin pensar en el hecho social o político. Yo aún no era especialista en digestivo. Debía estar haciendo alguna sustitución», recuerda ahora, 41 años después de la muerte de Cipriano, justo cuando se ha sabido que la justicia argentina investigará aquel fallecimiento oscuro y aún por aclarar.
Martos, sindicalista y activista comunista, murió tras beber ácido en el cuartel de la Guardia Civil de Reus, después de ser arrestado por repartir propaganda antifranquista. Cuatro décadas después, aún no se sabe quién le suministró el líquido corrosivo. Ahora la juez María Servini deberá arrojar luz sobre todo lo que rodeó a los últimos días de la vida del granadino Cipriano Martos.
Emigrar para ganarse la vida
Prueba de la nebulosa que envolvió los hechos es otra declaración, en este caso la de Octavio Chiapella, el forense que le practicó la autopsia y que dice no recordar circunstancias especiales en aquel proceso. «Ha pasado mucho tiempo, ya no me dedico a hacer autopsias», dice.
Tanto los nombres del doctor como del forense aparecen en la documentación que forma parte de la investigación. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿quién fue realmente Cipriano Martos y qué hacía en Reus?. La capital del Baix Camp fue la última estación de un ajetreado y precoz periplo por varios lugares en busca de un empleo para ganarse la vida.
La llegada a Reus
Nacido en Huétor-Tájar (Granada) el 5 de julio de 1945, hijo de una humilde familia de jornaleros del campo, tuvo que emigrar pronto para huir de la miseria de posguerra. Cipriano, que trabajó desde los 11 años en el campo, se fue pronto de casa: fue jornalero en Morón de la Frontera (Sevilla), minero en Teruel, empleado en fábricas textiles de Sabadell y Terrassa y, por último, encofrador en Reus. Según explicó él mismo en sus declaraciones en el auto de prisión, pudo llegar a la capital del Baix Camp «cuatro o cinco meses» antes de que sucedieran los hechos, esto es, entre marzo y abril de aquel 1973.
Ya por entonces, espoleado por la situación de precariedad, opresión y represión de la dictadura, había forjado su espíritu contestatario con militancias varias: desde joven estuvo afiliado a los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras) y OSO (Oposición Sindical Obrera). Era también un republicano que militaba en el PCE (M-L) (Partido Comunista Español Marxista- Leninista) y en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Martos trabajaba para la empresa Ramón Cubero S. A., con sede en el número 1 de la calle Macià Vila. Fue precisamente en ese lugar donde le detuvieron. Así reza el atestado: «Acudió sobre las 14 horas de hoy 25 de agosto de 1973, siendo detenido y trasladado hasta este acuartelamiento de Reus para ser interrogado sobre el lanzamiento de propaganda antirégimen». En ese punto la Guardia Civil montó «servicio de apostadero», igual que en su vivienda, que «no frecuentaba mucho» y que estaba ubicada en el número 2 de la calle Pubill Oriol. Así consta en el relato de la documentación, en este caso bajo la firma de Braulio Ramos Ferreruela, por entonces teniente de la línea de la Guardia Civil de Salou, y que aquellos días también era el «mando accidental de la primera compañía de Reus».
Una redada en varios puntos
A Cipriano se le acusaba de haber repartido «propaganda subversiva» en Igualada la noche del 10 de aquel mes de agosto. Fue detenido en el marco de una redada en Reus (y en otros puntos de la provincia como La Selva del Camp o Tarragona) que implicó a más personas, integrantes de aquel círculo de comunistas en el que Cipriano, pese a llevar sólo unos meses en la ciudad, ya se desenvolvía. Nombres como Pascual Carrilero, Rafael Falcón y Joaquín López también fueron detenidos e interrogados. Ellos aparecen, a veces entre apodos, como «elementos principales de una célula» que repartía propaganda por diversos puntos. Otros motes como ‘El de Flix’, ‘El Juan’, ‘El Lucas’ o ‘El de Morell’ también transitan por unas páginas plagadas de órdenes de registros en sus domicilios y relación del abundante material encontrado y vinculado a propaganda de izquierdas y críticas al régimen.
El ‘cóctel de la verdad’
En esos círculos más o menos cerrados se movía la vida de Cipriano, en base a citas en el paseo Prim o en su propio piso de la calle Pubill Oriol. La documentación también hace referencia al complicado estado de salud de Cipriano. Tras dos días de tortura en la casa cuartel, fue obligado a ingerir el llamado ‘cóctel de la verdad’, un líquido definido en algunos documentos de la investigación como «cáustico ácido» y «ácido corrosivo».
Esa circunstancia trastocó por completo los hechos e incluso sus declaraciones. Aquel veneno le abrasó por dentro y él fue trasladado al Hospital Sant Joan. El informe del doctor y el parte del centro hablan de «un pronóstico grave»: «vómitos oscuros, dolor abdominal, quemaduras de aspecto blanquecino en cara interna de labios y lengua». «No se encuentra en condiciones de declarar», añade el informe.
Aún sin recuperarse, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil. Allí continuaron los interrogatorios con violencia e incluso le pudo ser suministrado otra dosis del ácido letal. En la documentación no queda claro el proceso según el cual ingirió el líquido que acabaría con él ni tampoco los nombres de los responsables. El resultado es que Cipriano ya no se pudo recuperar. Estuvo luchando varios días por su vida, hasta que finalmente falleció en el Hospital Sant Joan, a la edad de 28 años.
Una familia destrozada
Según su certificado de defunción la causa de la muerte fue el clásico «hemorragia interna». Su muerte dejó a unos padres y hermanos destrozados que no pudieron despedirse de él. Su madre y su hermano intentaron verlo en el hospital y, según cuentan, los guardias civiles se lo impidieron amenazándolos con violencia. La madre de Cipriano, de rodillas y llorando, suplicó una y otra vez por su hijo pero al parecer solo recibió puntapiés e insultos.
Cipriano fue enterrado en una fosa de beneficencia en el Cementerio General de Reus el 20 de septiembre de 1973. Lo sepultaron sin la presencia de sus seres queridos y en un total secretismo. «Fue una forma de silenciar su caso», explica la investigadora María José Bernete. La noticia entonces sólo se conoció en ámbitos políticos concretos y muy reducidos. Se tardó tiempo en saber qué había ocurrido realmente y en que los afines a la ideología de Cipriano empezaran a reivindicar su figura.
Su cuerpo continúa en el cementerio de Reus. Allí sus compañeros de militancia del PCE le erigieron una losa de mármol. Allí ha ido a visitarle su hermano Antonio en varias ocasiones, en actos mezcla de homenaje y denuncia, siempre con la intención de que se haga justicia. Los juzgados de Argentina tendrán la próxima palabra para saber cómo murió Cipriano Martos, el sindicalista granadino que encontró en Reus su último destino y que se ha erigido ya en un icono de la lucha por las libertades.

El PSOE acusa al Gobierno de querer convertir la ley de Memoria "en un olvido histórico"

El senador socialista Felipe López subraya que "la ONU dice que España es el segundo país del mundo en fosas comunes, únicamente por detrás de Camboya"
Felipe López (PSOE)


EUROPA PRESS Madrid 07/12/2014

El senador socialista Felipe López ha acusado este domingo al Gobierno de querer convertir la Ley de Memoria Histórica "en un olvido histórico" al seguir con su estrategia de "dejarla morir por inanición". En una nota, López ha criticado que el PP haya rechazado esta semana una enmienda del PSOE a los Presupuestos Generales de 2015 en la que se pedía "recuperar el crédito de 6,5 millones de euros del año 2011" para este apartado, enmienda que fue rechazada en Comisión por el PP con la presencia del senador jiennense y actual alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya.
Asimismo, el senador socialista esgrime un "durísimo informe" de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que deja a España y a su Gobierno "en una situación deplorable". En los datos dados por la ONU "se habla de la indiferencia del Gobierno, del desamparo de las víctimas y de la privatización de las exhumaciones ante la falta de apoyo del Estado". "Son reproches de la ONU que el Gobierno debería tomarse en serio, porque en ese informe también se dice que España es el segundo país del mundo en fosas comunes, únicamente por detrás de Camboya", ha aseverado.
De esta forma, López ha considerado que "esta llamada de atención de la ONU debería ser suficiente razón, además de la moral, para que el Gobierno se pusiera las pilas en este asunto", a la vez que ha recordado "que en los Presupuestos de 2012 contempló 2,5 millones de euros, pero que en los tres ejercicios siguientes "lo ha dejado reducido a cero euros, es decir, a la nada". "No hay ninguna voluntad política. El Gobierno del PP está dejando la Ley en el dique seco", ha alertado el senador.
Además, el senador socialista ha reprochado al Gobierno "el argumento pueril" que utilizó para defenderse de ese informe, ya que basó su alegación en que "España tiene una Ley de la Memoria Histórica", lo cual "es el colmo del cinismo y de la desvergüenza política", ya que "la ley aprobada por el PSOE, que el PP desprecia y ha dejado sin financiación, es utilizada por el Gobierno como parapeto ante las críticas de la ONU". "Realmente, la derecha se supera día a día en su desfachatez", ha criticado.
Por ello, López ha defendido "el derecho de los familiares de las víctimas a la exhumación y a poder enterrar a sus seres queridos con toda dignidad" y ha lamentado que esta simple reivindicación, "de absoluta justicia humana", se convierta en una especie de agresión "para los guardianes de la moral y de la reserva espiritual de Occidente".