jueves, 3 de septiembre de 2015


ITINERARIO MEMORIALISTA POR CARTAGENA (4)

La enseñanza republicana, las escuelas graduadas y Félix Martí Alpera.

 
La política republicana diseñó un sistema educativo público, laico y gratuito, que fomentase la formación integral del individuo y favoreciese la igualdad de oportunidades. La educación era la base de todo progreso y una palanca de promoción social. De este modo se pretendía superar las desigualdades educativas por motivos económicos y sociales. “España no será una auténtica democracia  mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia”, decía un decreto del 23 de junio de 1931 sobre la convocatoria de 7000 plazas de maestros.  El ambicioso programa, que pretendía acabar con el monopolio educativo  existente, proyectó la construcción de 5.000 escuelas anuales (no todas serían de nueva planta, en muchos casos se adaptaron nuevos espacios para abrir más aulas). Se hizo, por tanto, necesario el aumento de plazas de maestros, mediante cursillos intensivos de selección, incremento de sus salarios, etc. Se reforzaron las Escuelas Normales de capacitación del profesorado, aumentaron los cursos de formación pedagógica continua, se crearon secciones de Pedagogía en las Universidades de Madrid y Barcelona,… Se apostó por una secularización de la sociedad y por alejar de las aulas todo tipo de enseñanza dogmática. Se trataba de instruir en libertad a los hombres y mujeres del futuro fomentando la reflexión y el espíritu crítico, siendo el instrumento fundamental para este cometido los nuevos maestros y las nuevas  maestras. Se pretendía, además, democratizar la vida docente, creando los Consejos Locales y Provinciales de Instrucción Pública y los Consejos Escolares (para implicar a los padres junto con los docentes en la organización y funcionamiento de los colegios) y, con ello también, descentralizar las actuaciones administrativas en las escuelas.

La política educativa conllevó reformas técnicas de mejora en los medios materiales y  en los recursos humanos, actualizando los métodos pedagógicos bajo la intervención del Estado, mientras8 que el contenido en el plano ideológico contempló la laicidad, la gratuidad y la coeducación como parte de la promoción de las libertades públicas. La educación entendida como instrumento de transformación individual y social, así como herramienta para transformación del país (el índice de analfabetismo era de, 23,6% en los hombres y del 38,1 en las mujeres).

Uno de los principios de la República era la libertad de culto, la libertad religiosa, en la escuela respecto a la conciencia del niño y del maestro. Estos planteamientos religiosos, así como la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, fueron recibidos como una afrenta por parte de la Iglesia. Por otro lado, la mayoría de los republicanos, celebraban esta legislación porque consideraban que la Iglesia, con su tradicional monopolio en la enseñanza, era la responsable del atraso, del analfabetismo y del oscurantismo del país, que frenaba todo tipo de modernidad y de progreso, así como a la introducción de todo pensamiento y teoría extranjera.

 
Se hizo en los dos primeros años de la República un ingente esfuerzo por cumplir la ley y se consiguió, en gran parte en lo que respecta a la Enseñanza Secundaria, no tanto en la Primaria, de la que todavía quedaban Centros para ubicar a todos los maestros  que salieron de esos cursos acelerados de formación. Pero esto era demasiado para la Iglesia y la derecha más conservadora, que se creía con el derecho absoluto de adoctrinar las conciencias (sumisas, claro) y de ordenar la vida educativa del país. Llegaron las elecciones de Noviembre de 1933 y el triunfo de la derecha paralizó la ley y mantuvo abiertos los centros de enseñanza religiosos, rectificando la política pedagógica y escolar del periodo azañista. A pesar de ello el balance fue espectacular si se compara con el periodo anterior. En 1930 existían 35.000 escuelas primarias estatales, y en apenas cinco años se crearon más de 13.000 centros, y se construyeron 31 institutos de Bachillerato frente a los 80 ya existentes. Para atender estos nuevos establecimientos se incrementaron en más de 14.000 las plazas docentes. Los maestros y las maestras se convirtieron en los artífices de la nueva escuela republicana, los responsables de formar a los ciudadanos del mañana. Por este motivo, las autoridades reconocieron su importante labor mejorando sus salarios y su reconocimiento social.

 
La Segunda República, además, se ocupó de la promoción de la lectura con la creación y ampliación de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional. El acceso libre y gratuito se convirtió en un derecho democrático y el concepto  de biblioteca popular de carácter paternalista (dirigida a mejorar la formación de la clase trabajadora) de épocas pasadas fue sustituido por el de biblioteca pública abierta a todos los ciudadanos como obra de justicia  e igualdad social.

Pero no menos importantes fueron las denominadas Misiones Pedagógicas, por las que se pretendía acercar el mundo de la cultura al mundo rural –tradicionalmente olvidado por la Administración-  como obra de justicia social. Los misioneros, que eran jóvenes voluntarios universitarios, llevaban libros, copias de cuadros del Museo del Prado, películas de cine o grabaciones musicales, representaciones de teatro o de guiñol, etc. Además se impartían clases a los maestros rurales para mejorar sus prácticas docentes y actualizar sus conocimientos. De este modo se intentaba elevar el nivel de instrucción de las masas campesinas, aisladas del mundo exterior. Evidentemente, también había  una intención socializadora y legitimadora del nuevo régimen, que acabara con las resistencias -prácticas caciquiles- de las fuerzas vivas  de  los pueblos al cambio social y político salido del 14 de Abril de 1931.

Por todos estos motivos, no podemos extrañarnos de cual fue uno de los sectores que sufrió más las iras de la Iglesia y de la represión franquista. Los maestros y las maestras se convirtieron así en un peligro evidente para la nueva sociedad que se pretendía construir tras la sublevación militar contra la República. Entre asesinados, exiliados, encarcelados, deportados y depuestos de sus funciones, fueron más de 50.000 los maestros y maestras represaliados tras el golpe de Estado fascista.

Llegamos así a nuestro Itinerario Memorialista y, en Cartagena,  tenemos un caso muy ilustrativo de sobre la represión dirigida al sector educativo:

En el año 1900, en la calle Gisbert, se construyeron las primeras Escuelas Graduadas de España, importante edificio ecléctico con elementos modernistas, cuya construcción dirigió el arquitecto municipal Tomás Rico. En este edificio comenzaron en España de manera experimental el nuevo tipo de organización escolar: por primera vez las clases se impartirían clasificando al alumnado por edad y nivel, al contrario que en la tradicional Escuela Unitaria.
Escuelas Graduadas de la
calle Gisbert.

 

 Dentro de esta experiencia pionera de nuestro Ayuntamiento, se designaron a dos maestros, don Enrique Martínez Muñoz y don Félix Martí Alpera, para realizar una ruta por las escuelas de Europa con el objetivo de  importar las más novedosas experiencias educativas de Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Italia.

Pero este edificio fue testigo  también de la ignominia fascista: la causa abierta por las autoridades franquistas contra el insigne pedagogo Martí Alpera, por su condición de republicano, profesor de ideas liberales, defensor de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza e impulsor de la Escuela Nueva.

Félix Martí Alpera.
Félix Martí Ibáñez dedicó toda su vida profesional a la modernización y renovación de la Escuela Pública en España, y su labor pedagógica, tan brillantemente desarrollada tanto en Madrid como en Cartagena y, posteriormente, en Barcelona, se vio bruscamente truncada por el proceso de depuración franquista que apartó al maestro más famoso del país de su labor docente, destino que, al igual que a él, se sometió a tantos profesores republicanos, sin más motivo para ser apartados de su puesto de trabajo, que haber luchado por la renovación de la escuela.

Junto a la puerta de entrada de lo que hoy es un edificio destinado a usos sociales y culturales, sede además, de la Asociación de Amigos de las Escuelas Graduadas, existe un rótulo que nos habla del antiguo uso pedagógico de la construcción y el hito que supuso la fundación de estas escuelas para la historia de la educación en nuestro país; que nos explica la declaración del edificio, hace once años, como monumento con carácter de bien de interés cultural, pero ninguna mención a la ocupación que de ellas llevaron a cabo las tropas vencedoras de la guerra civil, que dos semanas después de la conquista de la ciudad establecieron allí la base de tres juzgados militares permanentes para juzgar a los cartageneros y cartageneras que se mantuvieron fieles al gobierno durante la contienda.

 
Por todo ello reivindicamos la memoria de nuestros edificios y de nuestros ciudadanos que fueron represaliados por defender la legalidad vigente y exigimos, por otro lado, la RETIRADA DE BUSTOS, NOMBRES, HONORES Y PLACAS FRANQUISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO.








miércoles, 26 de agosto de 2015


ITINERARIOS MEMORIALISTAS POR CARTAGENA (3)
 
Espartaco, Plaza de la Serreta y La Caridad
 



Referente cultural de la izquierda durante la Transición ha sido ESPARTACO, librería fundada por la HOAC, y que fue objetivo de atentados ultras,  sufriendo todo tipo de ataques fascistas (rotura de cristales, pintadas, cócteles molotov, e incluso recibir, desde el cercano Parque de Artillería, el disparo de un cetme, hecho del que durante años quedó como testigo el impacto de la bala en una de las paredes). Espartaco ocupa un lugar muy importante en la memoria de cualquier persona luchadora de la época.

 

 

Hoy, derrumbado el edificio en cuyo bajo se albergó la librería, en su lugar sólo quedan fragmentos de cascotes y  de ladrillos.

Siguiendo calle abajo, hacia el puerto, nos encontramos con la Plaza de La Serreta, que antaño era conocida como Fuente de la Serreta, cambiando su nombre en 1921 por la del General Cabanellas, en honor al militar cartagenero Miguel Cabanellas Ferrer, para finalmente denominarse Plaza de la Serreta.

 
Actual Plaza de la Serreta

Marruecos fue el destino que lanzó el prestigio militar de Cabanellas y donde tuvo a sus órdenes al que, posteriormente, dirigió –desgraciadamente- los destinos de este país, Francisco Franco.

 

Los posicionamientos políticos  de Cabanellas no pudieron ser más  controvertidos. Siendo gobernador de Menorca fue depuesto en 1926, y pasado a la reserva, por oponerse a la dictadura militar de Primo de Rivera. Republicano, masón y liberal, con la llegada de la República fue rehabilitado militarmente, llegando a ser diputado, por el Partido Radical de Lerroux, durante el Bienio negro. Tuvo varios cargos de relevancia durante la República (Presidente de la Comisión de Guerra, Inspección General de Carabineros, Inspector General de la Guardia Civil,..) siendo el último, antes de las elecciones decisivas de febrero de 1936, la de Jefe de la V División Orgánica en Zaragoza.

 
General Cabanellas con el dictador.

A partir de aquí, Cabanellas cambia su actitud, al considerar que la República había evolucionado hacia una anarquía que destruiría el país, tomando una posición favorable a la sublevación militar del 18 de julio, en la suposición de que ésta  no derivaría en una dictadura militar. Pero su posición anterior favorable a la República, su condición masónica,  el conocimiento sobre la personalidad de Franco y su oposición a que éste fuera designado como jefe del estado del bando sublevado, aunque fuese nombrado Presidente de la Junta de Defensa Nacional, como militar más antiguo de los rebeldes, hicieron que  pronto fuera relegado y apartado de todo poder.

 


El odio del dictador hacia Cabanellas  se extendió hasta después de su muerte (1938), hasta el extremo de ordenar a las autoridades locales de Cartagena cambiar el nombre a la plaza, que volvió a ser denominada como Plaza de la Serreta.
Pasada la Plaza, y siempre en dirección al puerto, se encuentra la iglesia de La Caridad, donde se produjo también un hecho notable durante los primeros sucesos de la guerra civil española. El 25 de julio de 1936  una multitud, exaltada por los efectos de los bombardeos fascistas, asaltó  edificios religiosos, prendiendo fuego a las imágenes, afectando a  templos como los de Santa María de Gracia y de Santo Domingo. En lo que respecta a La Caridad, acaeció todo de diferente manera, gracias, sobre todo, a la intervención de algunos notables personajes de izquierdas,  y a la presencia de varias prostitutas del Molinete (el barrio de los prostíbulos) dirigidas por Caridad la Negra. En la memoria colectiva, sin embargo, ha quedado grabada la acción de las prostitutas, olvidándose la decisiva intervención de los miembros del Frente Popular.
Iglesia de la Caridad.
 

De Caridad la Negra (afamada “madame” de Cartagena, que ofrecía los servicios sexuales a lo más granado de la burguesía cartagenera) se dice que, en 1947, puso un ramo de rosas negras a los pies de la patrona como desagravio por las ofensas recibidas, viniendo de allí la costumbre de los portapasos de La Piedad de llevar a cabo este acto cada lunes santo.
La salvación de la iglesia de la quema no responde sólo a la actitud de las prostitutas, que si bien fue un hecho añadido, no constituyó el principal motivo de que el edificio religioso escapase a la profanación. Más bien se debió a la acción decidida de personas como José López Gallego (fundador de Izquierda Republicana en Cartagena y concejal del Ayuntamiento desde agosto de 1936)  y Manolo Martínez Norte (concejal anarquista en el mismo Ayuntamiento y posterior delegado de Orden Público en el Municipio de Cartagena), entre otros activos del Frente Popular, con la implicación posterior de marinos y guardias de asalto.
 Era lógico el empeño en defender la iglesia, no sólo por tratarse de un edificio religioso, sino por su proximidad al Hospital de la Caridad, contiguo a la basílica, que habría resultado afectado por el  posible incendio con que amenazaban. Un nuevo hospital  se había construido en terrenos de la barriada de Los Barreros  (el hoy  conocido como  Hospital de los Pinos) que respondía a las mayores necesidades de población y de camas, pero aún no se había comenzado  a trasladar a los enfermos al nuevo hospital, y el edificio contiguo a la basílica continuó funcionando hasta 1938.
En este punto quisiéramos apuntillar dos cuestiones: el porqué de esa ira popular y la actitud de las Instituciones Republicanas. Para ello hacemos uso de uno de los historiadores que más ha estudiado el posicionamiento de la Iglesia durante la República, Julián Casanova, extrayendo y dando forma a algunos de sus párrafos.
Pese a las revoluciones liberales del siglo XIX, en España el estado confesional había permanecido intacto, siendo el catolicismo la única religión existente que, además, estaba perfectamente identificada con el conservadurismo político y con el orden social. Tras la Restauración borbónica en 1875, la monarquía abre a la Iglesia nuevos caminos de poder social e influencia,  siendo la aristocracia terrateniente y las buenas familias burguesas las que dieron  nuevos impulsos al renacer católico con numerosas donaciones de edificios y rentas a las congregaciones religiosas.
El anticlericalismo, presente ya en el siglo XIX entró con fuerza en el siglo XX, dispuesto a reducir la influencia clerical y a eliminar a la Iglesia como rama de gobierno, como poder público. Pero la jerarquía eclesiástica, convencida de que era la única fuente de verdad absoluta y de que su función básica e irrenunciable era la preservación del orden social, había hecho durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera un generoso uso de su monopolio de la enseñanza y de su control de la vida de los ciudadanos, a los que predicaba unas doctrinas conectadas con la cultura más conservadora (obediencia sumisa a la autoridad, redención a través del sufrimiento y confianza en la recompensa en el cielo).
Crucifijos en las escuelas. Hoy todavía quedan.
 

Se echó la culpa a la República de perseguir obsesivamente a la Iglesia y a los católicos cuando, en realidad, el conflicto era de largo alcance y hundía sus raíces en décadas anteriores.
La violencia anticlerical que se desató desde el primer momento donde el golpe fracasó corrió paralela al fervor y entusiasmo que mostraron los clérigos allá donde triunfó. No se trataba de arrebatos de ira insólitos o inexplicables. Fue el golpe de Estado el que enterró las soluciones políticas y dejó paso a los procedimientos armados, sintiéndose la Iglesia encantada de que fueran las armas las que aseguraran el orden material (el representante de los obispos, el integrista Isidro Gomá, calificó a la sublevación como “providencial”; y a Franco, cuando la Junta de Defensa Nacional le hizo entrega de todo el poder, con el título de “caudillo”, la jerarquía eclesiástica lo calificó como un santo, salvador de España y de la cristiandad).
 

Es indudable que el clero y las cosas sagradas fueron el primer objetivo de las iras populares. ¿Cómo se puede explicar esto (nunca justificar)? Creemos que las líneas  anteriores dan una idea, pero el antropólogo británico Gerald Brenan lo definía como la expresión de un pueblo intensamente religioso (es decir, con necesidad de referentes morales) que se sentía engañado y abandonado, que acusaba al clero de haber traicionado al Evangelio y que había hecho dejación de los rasgos originarios de fraternidad y pobreza. Maurici Serrahima, abogado y miembro de Unió Democrática, que brindo refugio a once capuchinos y ayudó a sacar del país al cardenal Vidal i Barraquer (el que ya no se atrevería a volver por su posición crítica al régimen franquista), dijo sobre la furia popular que en el fondo se trataba de un acto de fe, un acto de protesta porque la Iglesia, a ojos del pueblo, no era lo que debía ser, se trataba de  una protesta contra la sumisión de la Iglesia a las clases acomodadas, en lugar de la idea evangélica de estar al lado de los pobres.
El conflicto lo resolvieron las armas a partir de una sublevación militar,  la misma que bendijo la Iglesia desde el primer instante. Escudarse en ésta manifiesta el fracaso de la Iglesia de atraerse a las capas rurales y urbanas más pobres, que la identificaron con el sistema imperante de relaciones de clase y de propiedad.

 

La Iglesia sufrió una tremenda persecución por la ira popular y no por las Instituciones Republicanas, las cuales intentaron ponerle freno y reprimir los desmanes provocados por la sublevación militar (en gran parte conseguido tras los dos primeros meses de contienda), porque la violencia no estaba institucionalizada en el lado republicano. Los hechos acaecidos el 25 de Julio en La Caridad lo demuestran. No fue así en el lado rebelde, donde los bandos, las misivas, las proclamas, iban dirigidas a la limpieza ideológica absoluta. La iglesia supo pagar con creces su persecución y la mitología montada en torno a los mártires de la Iglesia anuló cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos y atizó las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.
Después de la guerra, las iglesias y la geografía española se llenaron de memoria de los vencedores, de placas conmemorativas de los “caídos por dios y por la patria”, mientras se pasaba un tupido velo por la limpieza que en nombre de Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien. Los otros muertos, los miles y miles de  rojos e infieles asesinados, no existen, porque no se les registraba o se falseaba la causa de su muerte, asunto en que obispos y curas tuvieron una responsabilidad destacadísima.
Hoy son las  asociaciones memorialistas las  principales encargadas de homenajear la memoria de los que defendieron la República y los ideales de libertad y democracia. Exigimos, por tanto, de las Instituciones Públicas de cualquier ámbito, que sean ellas las que lideren el respeto a  nuestra Memoria y la honra para todos nuestros mártires.
 
Monolito en el cementerio de Los Remedios
en Santa Lucía (Cartagena).

miércoles, 19 de agosto de 2015


Itinerarios Memorialistas por Cartagena (2)

El Parque de Artillería

 

La ocupación franquista de Cartagena se ve precedida por unos días de absoluto descontrol. El día 5 de marzo de 1939 en Madrid se produjo una sublevación,  el denominado golpe de Casado, que se extendería hasta Cartagena, tras la que se inauguró una desesperada y costosa lucha fratricida, pretendiendo una paz negociada con los sublevados, con la ingenua pretensión de acabar con el innecesario baño de sangre. Pero lejos de esto último, lo que se consiguió fue una rendición sin condiciones, que era lo que Franco, los militares sublevados, las autoridades civiles franquistas y la Iglesia católica, habían anunciado insistentemente, es decir, el aniquilamiento del régimen republicano y de sus partidarios. Los sublevados en Cartagena, conscientes de sus pocas e inseguras fuerzas, lo fiaron todo a una rápida llegada de ayuda exterior, poniéndose en contacto, para ello, con el Cuartel General de Franco, pero antes de que los franquistas pudieran socorrerles entró en Cartagena la 206 Brigada Mixta del ejército republicano, reforzada con otras tropas.

Previamente, durante la noche del 4 al 5 de marzo, los sublevados, tanto artilleros como militares de otras armas, así como policías, paisanos armados, guardias, marineros y carabineros se concentraron en el interior del parque, al que condujeron grupos de detenidos, que amontonaron en distintas dependencias; detenidos de los que algunos lo habían sido bajo la consigna de “Por España y por la paz” que gritaban los sublevados de ideología republicana, mientras que otros lo fueron por los franquistas que gritaban “Arriba España, viva Franco”.

En medio de esa confusión de intencionalidades, se había puesto en libertad a más de 2.000 presos políticos, de los que algunos corrieron a ocultarse en sus casas o a intentar huir de Cartagena, mientras que los demás comenzaron el asalto de los puntos estratégicos, haciendo correr la sangre y ayudando en la detención de varios cientos de republicanos.

Como en el caso del coronel Armentia, republicano convencido, creían algunos sublevados estar dirigiendo un movimiento encaminado a firmar la paz con los fascistas,  mientras que otros, como en el caso del teniente coronel Espá, eran pro-franquistas, sin reservas, y dirigían un golpe destinado a entregar la ciudad al general Franco.
Patio del Parque de Artillería.


 

El Parque de Artillería fue el lugar de Cartagena en que  la confusión fue más notable, un recinto en que no se habían establecido siquiera las jerarquías, hasta que Barrionuevo,  general de Infantería de Marina retirado, hizo patente su presencia en el parque por la mañana, asumiendo el mando, ordenando arriar la bandera republicana y alzar la bicolor, deteniendo a Armentia,  y nombrando a  un nuevo jefe de su Estado Mayor y a otro jefe del Arsenal. Se concentró en conseguir la salida de la flota del puerto, lo que consiguió bajo la amenaza de su bombardeo por las baterías de costa, logrando que la escuadra abandonara Cartagena.
Placa del Parque de Artillería.
 

Pero a medida que  puntos claves de la plaza fueron volviendo a manos republicanas y la brigada 206 presionara con su avance sobre la ciudad, la desesperanza se apoderó de las fuerzas ocupantes del parque, desde el cual los falangistas se entregaron con ardor a su defensa, en contraste con los oficiales de Infantería de Marina y del Ejército, que no demostraban apenas entusiasmo.

Se liberó a algunos de los oficiales republicanos detenidos por Barrionuevo, entre los que se encontraba Armentia, para que colaboraran en la defensa del sitio, que poco a poco fue debilitando su resistencia.

Ya ante la entrada de los soldados de la brigada 206, el coronel Armentia, defensor de la República, que había participado del golpe en el firme convencimiento de estar contribuyendo con él a la consecución de la negociación de una rendición honrosa y se había visto envuelto, dentro de la vorágine de la confusa sublevación, en el seno de un alzamiento franquista, no vio ninguna alternativa honrosa a la situación en que se encontraba, que el suicidio, lo que acometió haciendo estallar junto a su cuerpo una granada.


Sin embargo, la versión de historiadores franquistas era de que había muerto en el tiroteo entre los miembros de la 206 y los defensores del parque, y así se ha plasmado en el texto de la placa  colocada en el descansillo de la escalera que conduce hoy al Museo Militar, museo que hoy ocupa parte del recinto del antiguo parque.
Placa alusiva a la muerte del coronel Armentia.
 

Tras la finalización de la guerra civil, los consejos de guerra apenas se demoraron en su actuación. Los delitos que se juzgaban eran: adhesión y auxilio a la rebelión (la gran paradoja: los adeptos al régimen legalmente establecido eran juzgados de rebelión por los sublevados contra el régimen republicano), actos contra personas de derechas, militancia en organizaciones marxistas o anarquistas, propaganda contra la España nacional, incautación de fincas, irreverencia para con las imágenes sagradas, entre otras. Los consejos de guerra fueron divididos en función de la profesión de los procesados. A los militares se les emplazaba en la biblioteca del Arsenal Militar, a los marinos en la Sala de Justicia de la Penitenciaria Naval y a los civiles en el salón de actos del ayuntamiento. Por lo tanto, estamos ante un edificio de gran importancia en la represión franquista.

El hoy reducido Parque de Artillería se ha dividido en dos espacios, uno destinado a Archivo Municipal y otro a Museo Militar, un museo que conserva ciertas connotaciones  franquistas. No hay más que asomarse  a la escalera de acceso a la planta principal donde, junto a la placa que conmemora la muerte de Armentia, podemos encontrar una lápida conmemorativa en honor a los “muertos por Dios y por la patria”. No existe sin embargo, ninguna referencia al importante papel que para el ejército represor constituyó  este lugar.
Placa en honor a los caídos por Dios y por la Patria.
 

Para nosotros se hace imprescindible,  preservar  los lugares de nuestra historia que jugaron  un papel importante en la represión, pero haciendo constar,   en cada uno de esos edificios donde fueron sojuzgados, humillados, procesados, encarcelados o ejecutados los fieles defensores de la República, textos alusivos a esa represión para que  la historia de nuestra ciudad no sea olvidada y sea conocida por las actuales y las futuras generaciones.

 

Reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y que sus nombres no sean borrados de nuestra historia, pero también  la memoria de los espacios en la que tuvieron lugar los hechos.

 

 

 

jueves, 13 de agosto de 2015

 
 
ITINERARIOS MEMORIALISTAS POR CARTAGENA
 
Por su interés, máxime ahora cuando se va a crear la comisión municipal para el cumplimiento de  la Ley de la Memoria Histórica 2007, en lo referente a la retirada de monumentos, bustos, nombres de calles y plazas, y honores de elementos y miembros franquistas, reproducimos íntegramente   el artículo, publicado en su blog, de nuestra compañera Pepa Martínez. 






DE LA PUERTA DE LA SERRETA A LAS PUERTAS DE SAN JOSÉ


 
1ª etapa: La Puerta de la Serreta:


Durante los siglos XVI y XVII, Cartagena era una ciudad amurallada a la que se accedía a través de cinco puertas, a las que se añadían dos portillos, o brechas en los muros, llamadas puerta de la Serreta y puerta del Ángel, para facilitar la entrada a los vecinos, sin tener que dar grandes rodeos.
Estas puertas se mantuvieron hasta que, ante la desaparición de los antiguos peligros y la extensión cada vez mayor de la ciudad, las murallas pasaron a convertirse en un estorbo, comenzando a derruirse a partir de 1902.
Desde entonces, el pequeño valle ubicado entre el Cerro del Molinete y el Monte Sacro, que desde el siglo XVII se conocía como Paraje de la Serreta, fue cambiando su fisonomía merced a la construcción de casas en que se produjo el asentamiento de clases bajas,  y la zona pasó a denominarse Arrabal de la Serreta, y en el lugar donde estuvo la antigua puerta, se construyó, entre 1777 y 1786 el Parque de Artillería, y la plaza que se encontraba delante de él, antes llamada Huerto de los Carmelitas, pasó a llamarse Plaza del Parque.
Plaza de López Pinto antes de la remodelación de 2008

Pero el nombre con que actualmente se conoce a dicha plaza, no es ninguno de los que ostentó en la antigüedad. No sobrevivieron las denominaciones de Puerta de San José, Huerto de las Carmelitas o Plaza del Parque. Ni siquiera se le llama por algún apelativo que haga referencia al corralón de comedias que existió en sus proximidades o a la plaza de abastos que provisionalmente se estableció allí, hasta ser trasladada al Mercado de Santa Florentina. El lugar se llama Plaza de López Pinto, el nombre del general cuyo busto se encuentra ante la fachada del antiguo cuartel, hoy sede del Archivo Municipal y del Museo Histórico Militar.
El busto del general, antes de la remodelación de la plaza
Busto del general, en
la actualidad

¿Quién era este general? ¿Cuáles sus méritos para que el Ayuntamiento de Cartagena le dedique un monumento y dé su nombre a una plaza importante, situada en el centro de la ciudad?

Según el Ayuntamiento se trata de un importante personaje histórico de Cartagena, que fue hermano mayor de la Cofradía Marraja; según los historiadores memorialistas se trata de un general fascista acusado de crímenes contra la Humanidad.

Este general de Artillería, nacido en Cartagena (11 de marzo de 1876), tomó parte, en 1902, en los trabajos de alumbrado eléctrico de las baterías de Cartagena y tras una larga carrera militar, que había comenzado con su incorporación, en 1890, a la Academia General Militar, fue nombrado en 1934 gobernador militar de Cartagena, cargo que ostentó hasta que el 28 de febrero de 1936, el Ayuntamiento cartagenero solicitó su relevo, tras la multitudinaria manifestación de más de 15.000 ciudadanos y ciudadanas, la mayor registrada en la ciudad hasta entonces, que acompañó hasta el Ayuntamiento a los concejales depuestos para reponerlos en sus cargos. Al término de dicha manifestación, la corporación pidió al gobierno democrático de la República la libertad de los presos políticos y sociales y la separación de sus cargos del contraalmirante Cervera, Jefe de la Base Naval, y del general López Pinto, por considerarlos enemigos de la Democracia.

General López-Pinto y Berizo
¿Por qué el gobierno republicano trasladó a Cádiz a este militar “enemigo de la democracia” en lugar de someterlo a un proceso de investigación? Uno de tantos errores que contribuyeron a favorecer las circunstancias origen del golpe de Estado.

El 18 de julio, López Pinto, un militar que había jurado lealtad al gobierno y a la bandera republicana, traicionando su juramento, se unió al golpe de estado, y siguiendo las instrucciones de Queipo de Llano, declaró el estado de guerra en la provincia de Cádiz y se apoderó del Gobierno Civil, reprimiendo brutalmente la resistencia de los marinos leales del Arsenal de la Carraca.
Liberó de su reclusión en el castillo de Santa Catalina a José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, poniéndolo al mando de las tropas sublevadas hasta hacerse con el control de la ciudad.

 Tras esto, López Pinto extendió la violenta ocupación a los pueblos de la provincia de Cádiz y parte de la de Málaga, ordenando la muerte de niños, ancianos, mujeres y enfermos. Los sediciosos bajo sus órdenes comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. La resistencia popular fue más bien escasa, por lo que en la provincia de Cádiz, y sobre todo, en San Fernando, no llegó a haber guerra: simplemente represión. En San Fernando se aprehendió en primer lugar a los líderes de los sindicatos y partidos de izquierdas, así como a buen número de militares que se mantuvieron fieles al gobierno legítimo, a algunas personas acusadas de ser masones y al pastor protestante Miguel Blanco Ferrer, y se les asesinó. Todo bajo las órdenes del “artillero y marrajo” López Pinto.
13.500 gaditanos juzgados por “rebelión militar”, de los que, 3071, fueron fusilados y hechos desaparecer en fosas comunes por orden suya.
Restos humanos en una fosa común en El marrufo
Fue responsable del bombardeo de Cartagena en octubre de 1936.

Continuó ordenando la represión en la provincia Cádiz, por medio de las tropas legionarias que corrieron por toda ella en busca de botín y de mujeres guapas, hasta diciembre de 1976, en que pasó a Burgos, para, siguiendo órdenes del general Franco, encargarse de la dirección de las operaciones que presidieron y desencadenaron la rotura del Cinturón de Hierro destinado a la defensa de Bilbao, entrando en esta plaza el 9 de junio de 1937 y extendiendo a ella el terror y haciendo lo mismo en Santander, que conquistó el 27 de agosto de ese mismo año.
Entrada de los franquistas en Bilbao


En 2009, la ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE CARTAGENA, organizó una concentración ante el busto del general golpista, pidiendo su retirada, amparándose en la Ley de Memoria Histórica.
Concentración en diciembre de 2009

Con anterioridad, la concejala socialista Caridad Rives, había recordado al Ayuntamiento, con motivo de la reciente remodelación de la plaza, la citada Ley de la Memoria Histórica, diciendo que era éste el momento idóneo para retirar el busto de la recién remodelada plaza, así como la placa que le daba el nombre del general, pero la corporación del partido Popular se negó a ello.
Plaza de López Pinto durante la remodelación

El cuartel convertido en museo, y la plaza renovada

Concentración en diciembre de 2009


Tras la manifestación organizada por la asociación memorialista, el teniente de alcalde y viceportavoz del Gobierno Municipal José Vicente Albaladejo, manifestó “No sé si López Pinto era franquista, pero desde luego, su busto está ahí desde no sé cuándo y no vamos a quitarlo porque lo pidan cuatro señores con una bandera republicana”
Fuera nombres y símbolos franquistas de nuestras calles

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