viernes, 21 de noviembre de 2014

Buscan en terrenos de la Vasco restos de represaliados fusilados en el año 1937

Las labores se centran en la línea de baldes, utilizada para trasladar a las víctimas.

Una excavadora realiza la búsqueda de restos ante la atenta mirada del equipo de la ARMH. - planillo

Diario de León / BARRIO PLANILLO / 18-11-2014
Varios miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), realizaron durante la jornada de ayer la búsqueda de los restos de varios hombres fusilados en la localidad gordonesa a finales de octubre del año 1937. Durante casi siete horas una máquina excavadora realizó distintas catas en el paraje próximo al colegio Maristas Santa Bárbara, con la atenta mirada de un equipo de la ARMH, que están convencidos de que «en esta zona, y según la información recibida de familiares y vecinos de Santa Lucía, existen restos de varios hombres fusilados en el año 37».
El equipo de investigación tiene como referencia la llamada línea de baldes, desde la que se transportaba el carbón de la mina hasta un cargadero, y que aprovechándola por entonces en el año 37 también transportaban los cuerpos de los fusilados que regresaban del frente. El presidente de la ARMH, Marco González, apuntó que «aunque esta línea de baldes desapareció en los años 80 deja un rastro de polvo negro, por lo que puede haber todavía esperanzas que durante la jornada de mañana aparezcan restos de las personas asesinadas, ya que además familiares y vecinos de la localidad de Santa Lucía han insistido en que en esta zona hay posibles represaliados, por lo que hemos decidido continuar las labores», señaló.
Diez años de estudio
Esta actuación de investigación viene de un largo proceso de más de diez años recopilando datos, y precisamente la biznieta de uno de los fusilados, minero de profesión y que fuera alcalde pedáneo de Santa Lucía durante la República, aseguró que «lo único que queremos es poder sacar los restos y juntarlos con los de mi bisabuela para olvidarnos de este asunto que llevamos arrastrando toda una vida para que se haga público el reconocimiento de que lo mataron y para que podamos tener un certificado de defunción que se nos ha negado hasta ahora». En este sentido, reconoce que «no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ya que existen rumores de que hay muchos hombres más, en esta zona». Eutiquio Ugidos y Blas Llanos son dos de las personas cuyos restos se intentarán localizar con mas certeza, y también otro compañero según las indicaciones que se han apuntado, en el campo de actuación que son terrenos de empresa minera de La Vasco.

El día que los comunistas salvaron el tesoro de los Alba

Dieciocho bombas incendiarias cayeron el 17 de noviembre de 1936 sobre Liri
Los lienzos, embalados, se guardaban en el cuarto más seguro del palacio
Dada la identidad de su propietario, nunca se pensó que fuera un objetivo

1257029817_2
Milicianos evitaron que el fuego destrozara las obras de arte
El Mundo.es, 02/11/2009 21 noviembre 2014
José María Rondón | Sevilla
Un miliciano, con el fusil al hombro, mira detenidamente uno de los lienzos expuestos en el claustro del Colegio del Patriarca de Valencia. En él, una joven vestida con mantos de ricos brocados de oro, Artemisa, mira hacia lo alto implorando la piedad de los dioses, al mismo tiempo que un paje vierte las cenizas de su esposo Mausolo en la copa que sostiene su mano derecha. Las manos de ambos hablan por sí solas del dramático desenlace. Los guerreros y los nobles acusan la consternación del hecho.
La fotografía en cuestión ilustra el folleto editado por el Ministerio de Instrucción Pública con motivo de la exposición de las obras de arte del Palacio de Liria en Valencia, capital de la España republicana. Junto a imágenes que contraponían el estado ruinoso de la residencia madrileña del duque de Alba a las obras cuidadosamente expuestas, se podían leer textos muy elocuentes: «Exposición de obras de arte salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista, y entregadas por éste al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes».
Las bombas taladraron el tejado y el fuego consumió el inmueble
«La barbarie fascista destruye el tesoro artístico nacional incendiado en Liria» o «Las milicias del 5º Regimiento rescatan de las llamas las mejores obras de arte de este célebre Museo y el Ministerio de Instrucción Pública expone ante el mundo civilizado el testimonio vivo de la cultura salvada por el pueblo antifascista» son los otros lemas que aparecen en el folleto de la exposición que se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1936, y cuyo éxito obligó a prorrogarla en enero de 1937.
Este episodio ?un capítulo más de la epopeya vivida por el patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, pero significativo y de gran repercusión por el número y calidad de las obras propiedad de la Casa de Alba? aparece ampliamente descrito en ?La historia recuperada. Vicisitudes del Palacio de Liria durante la Guerra Civil española?, estudio realizado con motivo de la exposición Colección Casa de Alba por Valme Muñoz, comisaria junto a Ignacio Hermoso de la muestra que acoge estos días el Bellas Artes de Sevilla.
Así, en el citado estudio, se apunta cómo sólo unos días después de la rebelión militar contra el Gobierno de la República, «el Palacio de Liria fue incautado por las milicias del Partido Comunista, que lo mantuvieron abierto al público conservando sus colecciones tal como las encontraron».
Interior del Palacio de Liria en 1937. | IPCEInterior del Palacio de Liria en 1937. | IPCE
Pese a los bombardeos sobre Madrid, se decidió que la colección permaneciera en el Palacio de Liria, entre otras razones porque, dada la identidad del propietario, se creía que el bando sublevado nunca atentaría contra el inmueble. «Se extremaron las medidas de seguridad, hasta el punto que no se permitía fumar en el interior del edificio y las pinturas se salvaguardaron con pasamanos para evitar los posibles daños ocasionados por los visitantes», explica Valme Muñoz.
Interior del Palacio de Liria en 2006. | Q. F.Interior del Palacio de Liria en 2006. | Q. F.
Desde agosto del 36 se organizaron las visitas de grupos de milicianos dos veces por semana, y las charlas de prestigiosos conferenciantes, como Rafael Alberti o Teresa León, convirtieron al Palacio de Liria en uno de los centros culturales más activos del Madrid de la contienda. Sin embargo, toda esta actividad fue interrumpida cuando, contra todo pronóstico, el 17 de noviembre el palacio era devastado por 18 bombas incendiarias.
‘Obras salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista’, rezaba un lema
Variados testimonios dan cuenta de los daños del bombardeo. Una persona del servicio de la Casa de Alba llamada Remigio hace en unas notas manuscritas un breve relato de los hechos. Él cuenta cómo a las cuatro de la tarde del 17 de noviembre de 1936 la servidumbre se apresuró junto a los milicianos en llegar a las cubiertas para sofocar las llamas, pero fue insuficiente, pues las bombas incendiarias habían taladrado el zinc del tejado y el fuego se había adueñado de toda la armadura de madera.
Los milicianos decidieron entonces intentar salvar cuanto se pudiese. Los cuadros, embalados ante la eventualidad de un bombardeo, se guardaban en un cuarto seguro ?el del teléfono, en concreto?. Se descolgaron las cortinas, los tapices y, junto a las alfombras, se sacó todo al jardín. Allí se trasladaron también los muebles, los libros, las porcelanas y la plata. Posteriormente, todo se llevó a dos céntricos edificios madrileños ?en las calles Serrano y Antonio Maura?, ocupados por el Partido Comunista.
Los cuadros se expusieron en Valencia, luego viajaron a Cataluña y recalaron en Ginebra
Ya por entonces, con el Gobierno republicano instalado en Valencia ante el avance de las tropas nacionales, se decidió el traslado del tesoro artístico nacional -unas 18.000 piezas, incluidas las del Museo del Prado y, lógicamente, las de la Casa de Alba- a la capital levantina.
De allí viajarían a Cataluña para, posteriormente, recalar en la Sociedad de Naciones en Ginebra hasta su retorno a Madrid casi tres años después en uno de los episodios más apasionantes de la historia reciente de España. La odisea del tesoro nacional en la Guerra Civil ha centrado algunas importantes exposiciones como Arte Protegido (Museo del Prado, 2003) y Biblioteca en guerra (Biblioteca Nacional, 2006).
Placa conmemorativa de la reconstrucción.Placa conmemorativa de la reconstrucción.
Durante los casi tres años de este azaroso viaje, el restaurador Manuel Arpe Retamino acompañó las obras y escribió luego un diario con fecha 1 de agosto de 1949, que resulta de gran interés para conocer los detalles de lo sucedido. Arpe relata el gran éxito de la exposición del tesoro de la Casa de Alba en Valencia.
Finalmente, los lienzos se expondrían en Ginebra antes de su retorno a Madrid, donde quedaron inicialmente bajo la custodia del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, creado por decreto por el primer gobierno de Franco en 1938.
El duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, tardaría algunos años en reagrupar toda la colección, a través de diversas entregas entre el verano de 1939 y los meses finales de 1944. Él moriría tres años antes de que concluyeran las obras de construcción del renovado Palacio de Liria, inaugurado en junio de 1956.

El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que explicar en el juzgado por qué mantiene calles franquistas

Admiten a trámite el recurso de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica por el incumplimiento de acuerdos municipales


Calle-dedicada-Division-Azul-Coruna_EDIIMA20141119_0977_13
 El Diario.es, 21 noviembre 2014
Miguel Pardo
Admiten a trámite el recurso de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica por el incumplimiento de los acuerdos municipales y de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la retirada de la simbología de la dictadura que todavía pervive en una veintena de calles de la ciudad
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de A Coruña acaba de admitir a trámite el recurso interpuesto por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) contra el Ayuntamiento de la ciudad por el incumplimiento de los acuerdos municipales del propio gobierno local para la retirada de más de treinta símbolos franquistas aún presentes en la urbe, así como por incumplir también con esta dejadez la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que exige la retirada de todo tipo de simbología franquista por parte de las administraciones.
Con esta admisión a trámite, el Ayuntamiento tendrá ahora que aportar toda la documentación que tenga sobre ese presunto –pero evidente– incumplimiento del acuerdo plenario y de la legislación, tras el silencio que se le dio por contestación a la CRMH de A Coruña tras varios requerimientos. “Ante la falta de respuesta, hubo que recurrir al juzgado para que el gobierno local cumpla la ley y sus propios acuerdos”, recordó Pablo No Couto, abogado eldel colectivo, que recuerda que un caso similar ocurrió en Vigo cuando, ante lo descuido de la administración local, la justicia obligó a la retirada de la cruz franquista de O Castro tras la denuncia de otra organización por la recuperación de la memoria.
Fue en septiembre de 2009, hace más de cinco años, cuando el pleno municipal aprobó un acuerdo por el que se obligaba a la eliminación de 52 símbolos franquistas de la ciudad, entre ellos el nombre de 23 calles, además de 4 placas en grupos de viviendas, 21 distinciones honoríficas y otros 4 monumentos. Los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP hicieron posible dicho acuerdo, del que poco se ha sabido desde entonces, más allá de la colocación simbólica de nuevas placas que debían sustituir a las anteriores –como el caso de la avenida de Oza en lugar de General Sanjurjo– y que acabaron por ser retiradas para mantener la denominación anterior. El Ayuntamiento había incluso llegado a licitar por más de 70.000 euros los trabajos de retirada de la simbología franquista y a publicitar unos bosquejos sobre la futura imagen de las nuevas placas.
“Se llegó a contratar a una empresa, pero nada se hizo; no sabemos lo que pasó”, confirma Pablo No, que afirma que el Ayuntamiento deberá ahora aclarar en qué situación se encuentra este acuerdo para la retirada de la simbología franquista, claramente incumplido si reparamos en la cantidad de calles dedicadas a importantes figuras franquistas que se mantienen en A Coruña. Quedan más de veinte denominaciones en el callejero (Viaducto del Generalísimo, plaza General Mola, calle Teniente Coronel Teijeiro, Cabo Santiago Gómez, División Azul, Alférez Provisional o Avenida de los Caídos, entre outras), así como placas conmemorativas en algún grupo de casas o un bajorrelieve en la sede del Ayuntamiento que recuerda la visita a la ciudad de Franco en 1939. Nada de eso, que se había acordado retirar en aquel pleno municipal durante el gobierno presidido por el socialista Javier Losada, fue suprimido. Con la llegada del popular Carlos Negreira a la alcaldía, cualquier intención de cumplir con la ley y con el acuerdo fue paralizada.
Así, la CRMH recordó que en A Coruña “el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica es total” y considera que “es difícil encontrar” un lugar donde se obvie tanto como en esta ciudad la normativa. “La compensación a la que aludía el ex alcalde Francisco Vázquez, que recordaba la cantidad de calles dedicadas a víctimas de la dictadura o republicanos ilustres, no sirve; la ley debe retirar la simbología franquista”, destacó Fernando Souto, presidente de la Comisión.
Ahora, y después del silencio de más de un año que el Ayuntamiento dio por respuesta a la CRMH, solo queda esperar por una sentencia que debería estar lista antes del próximo verano. Será entonces cuando la justicia determine el incumplimiento o no de la ley y de sus propios acuerdos por parte del gobierno local de A Coruña y cuando, presuntamente, constante la evidencia del mantenimiento de calles y simbología franquista en la ciudad, una situación criticada por la ONU a través de su ponente en su última visita a España. En aquel momento, las Naciones Unidas habían advertido de que en los edificios de la Administración central del Estado había sido retirado el 86% de la simbología. En A Coruña, y excepto alguna excepción puntual como el caso de la estatua de Millán Astray, nada se ha hecho aún por acabar con ella.
El mantenimiento de callejero franquista, mayor cuantitavimante en A Coruña, se repite en muchas otras villas y ciudades gallegas. Ayer mismo, el BNG exigió la retirada de los 13 símbolos franquistas aún existentes en Vigo. La campaña Fascismo Nunca Máis identificó una docena de elementos ilegales en Vigo, Baiona y Nigrán y la formación denunció el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. En otra otras villas y urbes del país también se mantiene simbología de la dictadura.

Cayetana de Alba tenía sus asesinados, como todo grande de España

La finca “Las Arroyuelas” fue expropiada durante la II Republica y entregada legalmente a 80 familias de Carmona


4_Andalucía_XIX5
Represión contra los jornaleros en la finca "Las Arroyuelas"

 Eduardo Rothe, TeleSurTv, 21 noviembre 2014
Documento del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras:
21 noviembre 2014|
El SAT ha sabido, gracias al trabajo de recuperación de la memoria histórica que han desempeñado varios historiadores, que la finca “Las Arroyuelas” fue expropiada en 1933 por el Instituto de Reforma Agraria y que varios de los adjudicatarios de los terrenos fueron fusilados por el franquismo
La finca ocupada el pasado viernes 16 de diciembre por 500 jornaleros del SAT, ya fue expropiada legalmente el 27 de julio de 1933 por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y entregada a 80 familias de Carmona. La dictadura franquista devolvió la propiedad a la Casa de Alba, fusilando a varios de los jornaleros beneficiarios.
Estos datos están recogidos en varias investigaciones publicadas por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey, y por los historiadores de Carmona, Francisco Eslava y Antonio Lería, basados en la documentación existente en el archivo privado del entonces ministro de Agricultura, Manuel Jiménez Fernández y en testimonios de quien fuera Mayor de milicias durante la guerra civil, Manuel Mora Torres, afincado en Carmona durante aquel periodo. (Adjuntamos un extracto de las mismas en anexo de esta nota)
Tras contrastar la relación de jornaleros a los que se adjudicó la citada finca el 22 de Enero de 1935 con la relación existente de victimas de la represión en Carmona, se puede comprobar que entre ellos figuran varios de aquellos trabajadores, que fueron asesinados al ocuparse la localidad. Entre ellos; Manuel Gutiérrez Barrios, Agustín Hidalgo Algarín o José Maqueda Avila.
ANEXO.- 1
Toda la información está recogida en:
  1. - LEANDRO ÁLVAREZ REY. REFORMA Y CONTRARREFORMA. AGRARIA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. Carmona, 1931-1936. Resumen. Con lawww.carmona.org/publicaciones/carel/2007_5.pdf
  2. - Carmona Tricolor. Militancia y afiliación politica y sindical en la Segunda República. (Francisco Eslava y Antonio Leria. Ayuntamiento de Carmona, 2008. Pag 99 y siguientes.)
  3. - Me llamo Manuel Mora. (Francisco Eslava y Antonio Leria. Edición 2010 Estipite Ediciones. Pag. 169.)
EXTRACTO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: LEANDRO ÁLVAREZ REY.- REFORMA Y CONTRARREFORMA AGRARIA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA (Carmona, 1931-1936)
(…) En este trabajo se aborda lo sucedido en Carmona con el proyectado asentamiento de campesinos en unas fincas propiedad de la Casa de Alba, llevadas en arrendamiento por Luis Alarcón de la Lastra -hombre fuerte de la patronal y futuro ministro de Franco- y expropiadas por el Instituto de Reforma Agraria en 1933. El conocimiento detallado del proceso de incautación de “Las Arroyuelas” ha sido posible gracias a la abundante documentación conservada en el Archivo privado de Manuel Jiménez Fernández, Ministro de Agricultura de la CEDA entre octubre de 1934 y comienzos de 1935.
(…) El duque de Alba, Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, poseía en Carmona más de 2.000 hectáreas de excelente tierra de labor.
(…) Para esta clase oligárquica y terrateniente la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 supuso la amenaza más peligrosa vivida hasta entonces al mantenimiento de su control político y a la hegemonía social y económica de la que habían disfrutado durante siglos. Ahora lo que estaba en juego no eran sus vidas, pero sí la conservación de su status y sus privilegios. Y más aún cuando los gobernantes republicanos anunciaron la próxima aprobación por las Cortes de una reforma agraria destinada a transformar radicalmente la estructura social heredada de la Monarquía, una reforma que daría cumplida satisfacción al hambre de tierras del campesinado pobre.
(…) Fue así, entre el miedo de unos pocos, aunque poderosos, y la ilusión de los más de tres mil jornaleros que vivían en Carmona, como inició su andadura la Segunda República en esta localidad andaluza.
(…) Para la puesta en marcha de la reforma la República aprovechó una coyuntura excepcional, como fue la amplia repulsa suscitada en amplios sectores del país por el levantamiento del general Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1932, el primer golpe de estado que los grupos más reaccionarios de la sociedad española protagonizaban contra un régimen que apenas acababa de cumplir su primer año de existencia. Tras el fracaso de la Sanjurjada y entre las medidas represivas adoptadas contra las derechas, el gobierno de Azaña propuso la expropiación sin indemnización de los bienes rústicos pertenecientes a la Grandeza de España y a los presuntos implicados en el complot del 10 de agosto.
(…) Poco después, el 9 de septiembre de 1932, las Cortes Españolas aprobaban la Ley de Bases para la Reforma Agraria, punto de arranque de la más ambiciosa de las reformas emprendidas por la República en el mundo agrario.
(…) La incautación por el Estado de estas propiedades afectó en la provincia de Sevilla a importantes personajes, como los duques de Medinaceli, de Arión y de Lerma (Fernández de Córdoba); duque de Alba (Stuart Fitz-James); marqués de Comillas (Güel); duque del Infantado (Arteaga); marqués de Viana (Saavedra); marqueses de Albudeyte y de Nervión (Armero Castrillo); marqués de Santa Cruz (Silva y Carvajal); marqués de Arenzo (Fernández Bobadilla); conde de Mora (Mesía y Stuart); conde de Mejorada (Medina Carvajal); marqués de Sauceda (González de Aguilar); conde del Fresno (Mencos San Juan); conde de Villacreces (López de Morla); marqués del Valle de la Reina (León y Manjón); marquesa de Esquivel (Mª del Pilar Carvajal Hurtado de Mendoza); marqués de Gandul (Álvaro Pacheco y Rubio); Juan Sangrán; Luis Santigosa y Ruiz Toranzo; José Ostos González; Francisco Vega Ostos; Luis Vega Ostos; Fernando González de Aguilar; Luis Ybarra Osborne; Antonio Tamarit Martel; Manuel Paúl Pagés; Ricardo Fernández y García de Vinuesa; Capitolino Enrile y López de Morla; Francisco Mier de Terán; Cristóbal Romero Martell; Francisco Gutiérrez Delgado; Francisco del Rincón; Manuel Fal Conde; Raimundo Blanco; José Bravo Dunipe; Alfonso Jiménez de León; Diego Díaz Domínguez; Julio Morillo Fernández; Andrés López del Yerro, (…)
(…) En Andalucía estaba previsto que la Ley de Reforma Agraria de 1932 afectaría a más de 2,4 millones de hectáreas vinculadas a casi 8.400 propietarios, la mayor parte de los cuales eran grandes terratenientes.
(…) Entre esa enorme masa de tierras que la República se proponía entregar a los campesinos figuraban unas mil hectáreas situadas en el término municipal de Carmona, pertenecientes hasta entonces a la casa de Alba y llevadas en arrendamiento por el vicepresidente de la Federación Patronal Agraria de Sevilla, Luis Alarcón de la Lastra. En dichas fincas, denominadas “Las Arroyuelas” y “Torre del Viejo”, el Instituto de Reforma Agraria se propuso proceder a su incautación y realizar el asentamiento de un centenar largo de familias de jornaleros de Carmona.
Lo que sigue a continuación es la historia de aquel intento de aplicación de la reforma agraria a partir de la abundante documentación conservada en el archivo privado de Manuel Giménez Fernández, un joven catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla perteneciente a la CEDA, repudiado por los principales dirigentes de su propio partido en Sevilla y que sin embargo fue designado por José María Gil Robles para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura en una fecha que marcaría un antes y un después en la trayectoria de la Segunda República Española: el mes de octubre de 1934.
(…) El 27 de julio de 1933 los servicios jurídicos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) certificaron que las fincas denominadas “Las Arroyuelas”, de 1.122 hectáreas y enclavadas en el término municipal de Carmona, habían sido incluidas en el inventario de los bienes pertenecientes a la extinguida Grandeza de España, pues su propietario no era otro que Jacobo Stuart y Fitz-James Falcó, ex-duque de Alba. Cuatro días después el Consejo consultivo del IRA aprobó el plan de aplicación de las fincas, disponiendo que se procediera a organizar una comunidad de 80 obreros campesinos del censo de Carmona. En la misma sesión el Consejo acordó la expropiación sin indemnización de las citadas fincas, y que se tomara posesión efectiva de las mismas por la Junta Provincial de Reforma Agraria de Sevilla.
Tres semanas después, el 21 de agosto de 1933, la Junta de Sevilla expidió un acta notificándoles al ex-duque de Alba y a su arrendatario, Luis Alarcón de la Lastra (militar retirado y vicepresidente de la Federación Patronal Agraria de Sevilla), la incautación y toma de posesión de “Las Arroyuelas”.
Inmediatamente el ex-duque de Alba, a través de sus abogados, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y el IRA contra el proceso de incautación de sus fincas, comenzando un largo proceso de obstaculizaciones y artimañas ilegales favorecido por la entrada en el gobierno de la derecha en 1934 y 1935.
No obstante, el 5 de septiembre de 1934, el Instituto eligió del Censo previamente elaborado a los campesinos que habrían de constituir la Comunidad –80 familias– y éstos a su vez, previamente reunidos en Carmona, el 21 de septiembre nombraron a sus representantes (cabezaleros y síndicos).
Mientras tanto, en junio la Dirección General había aprobado la propuesta de rentas que los arrendatarios de “Las Arroyuelas” debían satisfacer al IRA, pues Alarcón había seguido explotándolas desde hacía un año cuando en realidad desde julio de 1933 dichas tierras habían dejado de pertenecer legalmente al ex-duque de Alba.
Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, los jornaleros ocuparon las fincas que legalmente les había entregado el Instituto de Reforma Agraria, entre ellas aquellas tierras que llevaba en arrendamiento Luis Alarcón y que habían sido propiedad del ex-duque de Alba.
(…) En cualquier caso, tenemos constancia, gracias a los listados de miembros de los partidos y sociedades obreras que se conservan actualmente en el Archivo Municipal de Carmona (listas que en su día fueron utilizadas para llevar a cabo la represión contra los izquierdistas cuando la localidad fue ocupada por las fuerzas de Queipo de Llano), es del trágico final de algunos de los miembros de aquella Comunidad de Campesinos que la República intentó asentar en las tierras de Carmona. Varios de ellos fueron fusilados en las semanas y meses que siguieron al 18 de julio de 1936, obteniendo de los militares y falangistas lo que la República no había logrado concederles: un trozo de tierra. Aunque esa tierra no fuera otra que la de las fosas donde fueron enterrados sus cuerpos.
(…) Para concluir quizás resulte ocioso apuntar aquí cual fue la trayectoria seguida por los principales protagonistas del asunto de “Las Arroyuelas” a partir de 1936, sobre todo una vez iniciada la insurrección militar que desembocó en tres años de cruenta, represión, guerra civil y en cuatro décadas de dictadura.
Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, de nuevo duque de Alba, fue enviado en noviembre de 1936 a Londres como representante personal del general Franco, desempeñando durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial el puesto de embajador de la España franquista ante el Reino Unido. Tras el final de la guerra civil recuperó todas sus propiedades incautadas por la República. Designado por el “generalísimo” procurador en Cortes en 1943, fue también miembro del consejo privado del pretendiente D. Juan de Borbón. Falleció en 1953.
Luis Alarcón de la Lastra, que llegaría a ostentar los títulos de conde de Gálvez y marqués de Rende, formó parte de la candidatura del Frente Nacional Antimarxista en las elecciones de febrero de 1936 por Sevilla, pero no resultó elegido. Cuando estalló la insurrección militar se incorporó a la columna Yagüe, que atravesó Extremadura a sangre y fuego durante los primeros momentos de la guerra. Teniente Coronel habilitado y primer gobernador del Madrid “liberado”, fue Ministro de Industria y Comercio en el segundo gobierno de Franco, Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y procurador durante muchos años en las Cortes franquistas.
La finca “Las Arroyuelas”, enclavada en el fértil término municipal de Carmona, siguen siendo hoy [2007] patrimonio de la Casa de Alba.
APÉNDICE:
Acta de la Junta Provincial de Reforma Agraria de Sevilla sobre el Censo de Campesinos de las Comunidades “Arroyuela Mayor y Menor” y “Torre del Viejo”, de Carmona (22 de enero de 1935)
En la ciudad de Carmona a 22 de enero de 1935, constituida la representación que por orden telegráfica de 14 del actual, recibida del Excmo. Sr. Director General de Reforma Agraria y acuerdo de la Junta en su sesión de 21 de los corrientes,..los beneficiarios de los asentamientos proyectados en las fincas “Torre del Viejo” y cinco más y “Arroyuela Mayor” y “Arroyuela Menor” de dicho término(…)
…Se procedió a la revisión de los elegidos para los asentamientos de las fincas “Arroyuela Mayor” y “Arroyuela Menor” cuyo resultado fue el siguiente: se consideraron aptos por concurrir en ellos las circunstancias legales a Manuel Gutiérrez Barrios, cabezalero; Antonio Fuentes Roldán, síndico y a los comuneros Manuel Barrera Guerrero, Antonio Vázquez Puerto, Antonio Valerio Villar, Antonio Pintado Fernández, Antonio Castellano Rodríguez, Luis Flores Barrera, Rafael Rodríguez Hoyos, Rafael Rodríguez Ramos, Manuel Siles Pérez, Juan Toro Núñez, José Fernández Fernández, Manuel Rodríguez Buzón, Manuel Cabello Romero, Manuel García García, Santiago Recio Pedrosa, Manuel Nieto Arjona, Juan Paredes Luna, Manuel Puerto Román, Enrique Ávila Álvarez, Juan Rodríguez Carreño, Manuel Martínez Rodríguez, Agustín Hidalgo Algarín, José Retamero Benítez, Sebastián Lara Rodríguez, José Márquez Barrera, Rafael Maqueda Alcaide, Joaquín García Guzmán, Miguel Pérez Mora, Cristóbal Vaca Vázquez, Andrés Castellano Rodríguez, Miguel Osuna Nuevo, Francisco Ramírez Castro, Victoriano Barragán Mosquera, Francisco Medina Arjona, Juan Sabin Ávila, Antonio Muñoz Chaves, Antonio Belloso Vergara, José Ruiz Castro, Manuel Mosquera Gómez, Rafael Bautista Moreno, Juan Vázquez Carmona, Manuel Rodríguez Pintado, José Carmona Jiménez, José Rodríguez Gutiérrez. (….)

Una víctima de Franco recurre a la vía civil para recuperar a sus familiares del Valle de los Caídos

Se trata de la primera vez que una víctima del franquismo argumenta este cauce


valle caídos lago
Valle de los caídos

 Público, 20 noviembre 2014
El auto que resolvió las dudas planteadas por Garzón en el caso de las fosas del franquismo podría ser una de las claves que permitan exhumar en la fosa más grande de España
PATRICIA CAMPELO Madrid 20/11/2014 Purificación Lapeña acumula dos años de fracasos judiciales. En el caso por el que trata de recuperar del Valle de los Caídos los restos de su abuelo, Manuel Lapeña Altabás, y de su tío abuelo, Antonio Ramiro, —trasladados allí en 1959 sin consentimiento familiar— ha visto cómo se le cerraban las puertas del juzgado de instrucción, de la Audiencia Provincial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Pero no desiste, y el siguiente paso que alega su defensa es el de reclamar por la vía civil la exhumación de sus familiares en el recinto de Cuelgamuros.
Se trata de la primera vez que una víctima del franquismo argumenta este cauce para presentar una demanda de esta tipología. Y una de las claves para hacer efectivo el recurso que Lapeña, junto con su abogado Eduardo Ranz, presenta este jueves, 20 de noviembre, en el juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial la aporta el auto del Tribunal Supremo que resolvió la cuestión de competencia respecto al caso de las fosas del franquismo abierto por Baltasar Garzón. Dicho auto fue publicado en marzo de 2012, justo después de la inhabilitación del juez de la Audiencia por el caso de las escuchas de la trama Gürtel —por la causa del franquismo quedó absuelto—.
El texto resolvió que la competencia para investigar y abrir diligencias en el caso de las fosas de Franco correspondía a los juzgados territoriales a los que perteneciera cada enterramiento, cerrando la vía a la investigación penal relacionada con estos crímenes. Asimismo, el auto del Supremo menciona la vía contencioso – administrativa y la vía civil e hizo referencia a los casos de la fosa del poeta Federico García Lorca en Granada y al Valle de los Caídos.
“El cauce penal lo hemos agotado completamente: el caso de Purificación nació jurídicamente en el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, fue desestimado y recurrido después ante la Audiencia Provincial, que lo archivó”, enumera Ranz sobre un periplo judicial que continuó en el Constitucional, con una inadmisión por “cuestiones formales” y en contra del informe positivo del fiscal Miranda, y en el TEDH Estrasburgo, donde fue inadmitido por tres motivos falsos.
“La vía contencioso-administrativa tiene el problema de abonar tasa judicial, así como un riesgo importante de condena de las costas del abogado del Estado que represente a España”, puntualiza el letrado de Lapeña. “Y la vía Civil es la que vamos a arrancar este jueves en San Lorenzo de El Escorial”, concluye Ranz sobre el cauce escogido.
‘Perpetua memoria’ y Pacto Internacional de Derechos Civiles
Otra de las claves de esta nueva demanda en el caso Lapeña se contempla en las tesis de la información a perpetua memoria, recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para casos de “reconocida importancia” e incluida también en la doctrina del Supremo de marzo de 2012. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en abril de 1977, sustenta otro de los argumentos jurídicos, en este caso “a efectos de garantizar el proceso y el derecho a ser oído ante un Tribunal que determine los derechos de carácter civil”, aclara Ranz.
Es la primera vez que una víctima del franquismo utiliza este cauce para estas demandas
Asimismo, la defensa invoca la declaración sobre principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y de abuso de poder, establecida por Naciones Unidas en 1985. Dicho criterio defiende la restitución a las víctimas y a sus allegados, “compensando el daño sufrido, no necesariamente un daño económico, sino moral, que las víctimas arrastran desde hace décadas”, según el texto de la demanda al que ha tenido acceso Público. “En el caso que nos ocupa, es innegable que los familiares de Manuel y Ramiro no han tenido la oportunidad de ser compensados por el daño sufrido”.
Con estos alegatos, la demandante busca lograr una orden de entrega de los restos de su abuelo y de su tío y la “debida inscripción ante el Registro Civil”. Para las labores de exhumación, la demanda solicita que se realicen con el auxilio del Instituto nacional de Toxicología, clínicas forenses o personal técnico de los cuerpos de seguridad o universidades que puedan aportar “informes periciales”.
Manuel Lapeña fue detenido a las afueras de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) el 27 de julio de 1936 y trasladado al barranco de La Bartolina, donde fue fusilado. Su hermano Antonio Ramiro, “tras recibir el aviso de que la Guardia Civil venía a detenerle, se echó al monte, y en octubre se entregó a la autoridad, procediendo ésta a su ejecución el día 20. Sus restos fueron arrojados a la fosa común del cementerio de Calatayud”, según se detalla en la demanda. Manuel era inspector veterinario de Villarroya y pueblos aledaños y Ramiro ejercía de herrero. Los restos de ambos hermanos llegaron al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959, según consta en el registro de inhumaciones de la abadía Benedictina que rige el recinto.
Presentación de la demanda: el 20-N
La fecha escogida para interponer la demanda en el juzgado de El Escorial no ha sido casualidad, ya que el 20 de noviembre, además del simbolismo del aniversario de la muerte del dictador, enterrado en el mismo recinto con sus víctimas, “se cumplen dos años del camino iniciado también en San Lorenzo de El Escorial, pero por la vía penal”, aclara Ranz sobre un cauce ya cerrado para las víctimas del franquismo.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Exposición: "Los niños de la Guerra" en Rivas Vaciamadrid

AGE, en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, inaugurará el próximo lunes 10 de noviembre de 2014 la exposición "Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia" que se podrá visitar hasta el 23 de diciembre en la sala de exposiciones del Centro Cultural "Federico García Lorca" (Plaza de la Constitución, 3).



Una lista para saber que vivían

Un listado de vecinos de la montaña central que realizó Socorro Rojo Internacional es el único consuelo para algunas familias de los desaparecidos en el frente norte republicano.

Trincheras en el alto de Fontañán, en el municipio de Pola de Gordón, una zona clave del frente en la provincia de León. - dl / archivo constantino suárez

Diario de León / MANUEL C. CACHAFEIRO / 16-11-2014
Nunca quiso hablar. Ni siquiera cuando la democracia se abrió paso y ella era ya anciana. Había pasado mucho tiempo. El miedo inicial dio paso a un ejercicio vital de renuncia y generosidad para que sus hijos nunca crecieran con el odio como ideal, pese a todo lo que había sufrido en silencio. Y con lo que pasó, con lo que sabía, se fue a la tumba. Con el deber cumplido de haber sacado adelante lo que le quedó de familia.
Es una historia real. En la balanza de la sinrazón, los desaparecidos de la Guerra Civil añaden la crueldad de no tener ni un número de identificación. Padres, hermanos o maridos de los que nunca han encontrado nada. Ni su fosa, ni sus restos... Ni tan siquiera un simple papel de su alistamiento o de la sentencia que les condenó a muerte.
Siete décadas después de aquella contienda, algunas familias de desaparecidos de la Montaña Central han encontrado algo, un escrito a máquina que adquiere una dimensión distinta cuando de alguna manera se constata lo que pudo pasar. Es un listado de Socorro Rojo Internacional en el que se documenta una fecha en la que aún estaban vivos, quizá ya en la antesala de ir al frente. «Es un consuelo, pero nos queda todo por saber», señala el nieto de una de esas familias.
El 13 de julio de 1937, una comisión de esta organización que quiso imitar el papel de la Cruz Roja desde la Internacional Comunista realizó un recuento de vecinos, la mayoría militantes de UGT, por los pueblos de Gordón. El documento fue localizado en Santander y se conserva en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.
Poco antes, el 21 de marzo de 1937, Franco firmó la orden para atacar el llamado Frente Norte. Tras la batalla de Guadalaja y a la espera de la gran ofensiva final sobre Madrid, el objetivo del bando sublevado mediada la Guerra Civil fue acabar con uno de los grandes reductos republicanos, y especialmente en el sector comprendido entre La Vecilla y San Pedro de Luna, hoy bajo las aguas del pantano. Lo que se conoce como Montaña Central, que dominaba las vías de acceso a Asturias por los puertos de Pajares y Piedrafita, y que fue uno de los focos que más resistió ante el avance de los nacionales.
Encargada la misión al general Aranda, la ofensiva del mes de septiembre de ese mismo año fue brutal y acabó con cientos de muertos, sobre todo en Peña Laza, cerca de Rodiezmo, en el municipio vecino de Villamanín. Se apoyó con aviones procedentes de La Virgen del Camino y en menos de un mes las tropas franquistas alcanzaron Gijón. «Esta victoria en el Norte fue decisiva para el triunfo final de los sublevados», explica Irene García Lino en su estudio sobre la represión franquista en la Montaña Central, publicado por la Universidad de León. «En primer lugar, consiguieron tener un solo frente unido desde los Pirineos hasta la costa del sur de Granada, por lo que no tenían necesidad de dispersar unidades y, por otro lado, esta zona astur-leonesa era muy rica en mineral de hierro y carbón».
Santa Lucía, Ciñera... Gordón era, y es todavía, una zona de extracción de carbón. La aparición de ese listado de Socorro Rojo Internacional no reabre ninguna línea de investigación, salvo su importancia como documento personal de que, hasta ese 13 de julio de 1937, sus familiares vivían. Son en total seis folios a los que ha tenido acceso este periódico, con una columna para los nombres y apellidos, otra para el número de hijos, otra tercera para las edades de los pequeños y un epígrafe más para la afiliación a UGT en la inmensa mayoría de los casos.
«La parte de la provincia de León que tiene más fosas por buscar es precisamente el norte. La primera fosa que vamos a buscar por ahí está en Santa Lucía. Y después buscaremos otra en Canseco», anuncia Emilio Silva, de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Según datos de esta organización, en España hay 114.226 personas con nombres y apellidos que desaparecieron en la Guerra Civil. «Es la que está documentada, pero son más porque muchos no han dejado un rastro documental donde podamos computarlos cómo desaparecidos o saber si existieron. Los que no tienen familia porque se exilió o se extinguió o los miles de deslocalizados. Hasta ahora se han exhumado 2.300 pero muchas familias no saben que sus seres queridos fueron asesinados allí y eso sólo podría resolverse con un banco de ADN, algo para lo que las asociaciones no tenemos recursos», explica Silva. 
Balance en León
En los 14 años de actividad de esta asociación que nació en el Bierzo, se han exhumado en la provincia de León alrededor de 60 fosas, en las que se han encontrado unos 200 cuerpos.
«Todas las historias son terribles, no sólo por haber perdido a un ser querido y no poder elaborar un duelo adecuado. Después tuvieron que convivir con casi cuatro décadas de una dictadura terrible que nunca dejó de vigilarlos ni de castigarlos. Por poner un ejemplo, el ultimo exhumado de la asociación en Villalibre de la Juridicción. Murió escondido en su casa y su familia tuvo que enterrarlo a escondidas en su sótano», se lamenta Silva.
Otras organizaciones también ofrecen ayuda a las familias y mantienen sistemas de búsqueda, sobre todo en Internet. Pozo Grajero, Aerle... Esta última, la Asociación de Estudios sobre la Represión en León, fundada y dirigida hasta su muerte por María Encina Cendón, conserva 60.560 documentos y 36.160 archivos. Un largo e intenso trabajo de años que, para muchos familiares, aún no resuelve su interrogante vital.
El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, aparte de polémicas sobre los papeles de Cataluña, conserva una gran documentación sobre la Guerra Civil y ofrece un servicio de búsqueda para los familiares. Es necesario que faciliten el mayor número de datos sobre la persona desaparecida -nombre y apellidos, dónde combatieron qué saben de ellos...- y lo envíen a la dirección de correo electrónico cdmh@mecd.es ».
En muchos casos, como en el de la familia citada al principio del municipio de Gordón, no hay referencias, salvo el listado de Socorro Rojo Internacional (SRI), que ya se lo han enviado desde Salamanca.
Fundada por la Internacional Comunista en 1922, en la Revolución de Octubre se hizo fuerte para ayudar a las víctimas de la represión. «Durante la Guerra civil española, el escritor Joaquín Arderíus fue el presidente de la organización antes de exiliarse a Francia y México. Sus principales actividades consistieron en ayudar a los niños con comida en la zona republicana y aportar bibliotecas a los soldados. Contribuyeron también creando 275 hospitales, ambulancias, campañas de higiene dental... La insignia del Socorro Rojo consistía en una S detrás de las rejas de una prisión», explica el historiador Eduardo Montagut.
«Aunque empezamos los nietos, es una cuestión intergeneracional y ya se han sumado los bisnietos. Esta cuestión nos la dejó en herencia la generación de la Transición y nosotros, que somos una generación educada, con algo menos de miedo, hemos tomado la responsabilidad sobre nuestros hombros», añade Emilio Silva, que insiste en denunciar el parón de los últimos años por la falta de ayudas: «Tenemos un deber categórico que es reparar las violaciones de derechos humanos de la dictadura y crear una cultura política de los derechos humanos», añade.
Sin resolver
Por lo que se ve, todavía el problema de las fosas y los desaparecidos en España no está superado. «Este problema existe todavía porque ningún Gobierno desde que murió Francisco Franco ha tenido voluntad política para arreglarlo. Si comparamos el trabajo que hemos hecho las asociaciones en estos años es fácil deducir que un Estado con recursos económicos y académicos como el español puede solucionar esto y cumplir sus deberes en cuestión de derechos humanos. Pero la dictadura duró mucho tiempo y todavía vivimos sus consecuencias en el terreno judicial, académico o político; este país ha estado gobernado desde que murió Franco por una élite vinculada a la élite de la dictadura y de esa estructura social nace la falta de solución a este problema», resume este responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, surgida a raíz de la exhumación de una fosa común en Priaranza del Bierzo en la que se encontraron los restos de 13 republicanos, entre ellos su abuelo. «El horror y el terror que vivieron los desaparecidos y sus familias debe ser la semilla de una sociedad más humanitaria», es su deseo.